Un funcionario de aduanas deberá cumplir cuatro años y medio de cárcel por compincharse con un empresario a través de su cuñado, que es abogado, para hacer la vista gorda en el Puerto de La Luz con la importación de mercancía falsificada procedente de China.
La Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas, con Emilio Moya como ponente, condena a Mario César Hernández Serrano como autor de un delito continuado de cohecho. La sentencia, además de la pena de prisión, impone al funcionario de vigilancia aduanera una multa de 4.860 euros, así como una inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público de diez años y medio.
El letrado Juan Manuel González Castellano, que es cuñado del empleado de aduanas, ha sido condenado por el mismo delito a dos años y tres meses de prisión, multa de 2.430 euros y ha resultado absuelto de tráfico de influencias. La pena para el importador de la mercancía, Shashi Nanwani Khiantani, es de sólo un año y un mes de prisión, pues el magistrado le ha rebajado el castigo al aplicarle las atenuantes de confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas, una atenuante que también se tiene en cuenta para los otros dos condenados. La multa impuesta en este caso asciende a 1.215 euros y se le suspende el ingreso en prisión con la condición de que no vuelva a cometer delitos durante los próximos dos años.
Según ha declarado probado el jurado popular, el abogado propuso a su cliente, que es importador mayorista de artículos de regalo, artesanía y recuerdos típicos, la intervención de un funcionario que haría la vista gorda con la mercancía traída de manera ilegal por vía marítima si la Autoridad de Aduanas procedía a su revisión, todo ello a cambio de diferentes cantidades de dinero.
El funcionario al que se refiere el letrado era su cuñado, Mario César Hernández, cuya función en el Puerto de la Luz y de Las Palmas es la apertura e inspección material de los contenedores que la administración de aduanas marca como sospechosos. Para ello se emplean diferentes criterios de tipo sanitario o de riesgo delictivo, tras lo cual se levanta un acta y se une al Documento Único Aduanero (DUA) que permite la salida o despacho del contenedor para su entrega al propietario.
Shashi Nanwani aceptó el ofrecimiento de su letrado y, unos días antes del 21 de julio de 2011, se puso en contacto con él para efectuar la operación, que finalmente no salió de manera satisfactoria porque la revisión del contenedor no le tocó al funcionario untado, sino a otros compañeros de vigilancia aduanera. Se trataba de un contenedor procedente de China con artículos de la marca I Love Gran Canaria, añade el jurado en el relato de los hechos probados.
La operación se repitió en agosto de 2011 y en enero de 2012, esta vez con éxito. El comerciante pagó 350 euros al funcionario y otros 50 a su abogado. A cambio logró que no se revisaran varias cajas del contenedor con figuras falsas de cerámica que imitaban la marca Diablo de Timanfaya, también procedente de China.
La condena se sustenta en el reconocimiento de los hechos por el propio Shashi Nanwani Khiantani, que desde el primer momento confesó su plan a la Guardia Civil y colaboró con los agentes para detener al funcionario y el cuñado de éste. Por eso el castigo impuesto es más benévolo que para el resto, pues su colaboración ha sido "intensa y absoluta", explica Emilio Moya en la sentencia, lo cual se une a la reparación del daño causado. De ahí las atenuantes aplicadas por esos dos motivos, que se suman a la de dilaciones indebidas por el "retraso extraordinario e indebido" del procedimiento desde el 9 de mayo al 5 de noviembre de 2012 y desde el 10 de julio de 2014 al 29 de enero de 2015, el cual no es atribuible a ninguno de los acusados y no guarda proporción con la complejidad de la causa, agrega el magistrado.
Asimismo, había escuchas telefónicas incriminatorias.
