Las empresas que quieran a partir de ahora trabajar con el Ayuntamiento deberán ofrecer estabilidad en el empleo, poseer un plan de conciliación laboral y familiar para sus trabajadores y tener en sus plantillas a personas excluidas socialmente o en riesgo de estarlo. El tripartito -PSOE, LPGC Puede y NC- sigue así la estela de otras administraciones de incluir cláusulas sociales entre los requisitos para adjudicar un contrato. También primará el hecho de que cumplan con el convenio colectivo.
La mejor oferta económica seguirá contando a la hora de adjudicar un contrato, aunque no será el criterio que tenga más peso. Así lo indicó ayer el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega, durante la presentación de estos nuevos requisitos. Subrayó que la oferta más económica seguirá valorándose pero no primará tal y como se venía haciendo hasta ahora; en donde las adjudicaciones parecían "puras subastas" al mejor postor.
En función de los nuevos requisitos, la oferta económica no supondrá "una ponderación inferior al 60% ni superior al 80%" sobre el resto de criterios que se valoren a la hora de la contratación.
"La oferta más ventajosa es la que proporciona la mejor relación calidad-precio cuando se ponen en relación la satisfacción de los interés públicos gestionados por la Administración con aquella propuesta contractual que mejor y más eficientemente nos sirva", dijo el edil.
El concejal de Cohesión Social aclaró que las licitaciones que ya se han hecho continuarán en los mismos términos en los que se firmaron y que los nuevos criterios se tendrán en cuenta para las nuevas licitaciones.
En opinión del edil, las ventajas que suponen estas nuevas cláusulas sociales "tienen un valor económico que se traduce en toda la sociedad". En primer lugar, en los propios colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social ya que se les facilita su incorporación al mundo laboral y, por ende, a la vida social. Además de permitirles el acceso al sistema de prestaciones a la Seguridad Social e incrementarles su cualificación profesional.
En segundo lugar a las administraciones públicas, al reducir las subvenciones destinadas a dichos colectivos y mejorar la capacidad y eficiencia de los dispositivos públicos que se tienen para garantizar el empleo y los servicios sociales.
En tercer lugar, dichos criterios también beneficiarán a las propias empresas al tener "acceso a subvenciones por la contratación de estas personas; acceso a bonificaciones en determinados contratos"; entre otras, además de una "mejor imagen" respecto a la opinión pública.
Y, en cuarto, a la propia sociedad al reducirse la fractura social entre personas incluidas y excluidas de la sociedad y el presupuesto público -rentas mínimas, subsididos, prestaciones, albergues, profesionales- que se dedican a atender a estos colectivos.
Una comisión de seguimiento, en la que habrá técnicos del área de la concejalía de Cohesión Social, del departamento de contratación y del área específica en donde se vayan a hacer los contratos, se encargarán de valorar de una escala del 1 al 10 todo lo relativo al ámbito de la conciliación de la vida laboral y familiar de las empresas.
En este aspecto, se tendrá en cuenta si las empresas tienen, por ejemplo, guarderías para los hijos de sus trabajadores; fórmulas para conciliar la vida laboral con la familiar; mejoras para relacionar el tiempo de trabajo con el salario o dan un buen trato a sus trabajadores; entre otras cuestiones.
Una puntuación de un 1 sería que hay un plan de conciliación deficiente, mientras que la puntuación de un 10 significaría que las empresas tienen un plan óptimo.
Ortega apuntó que no habrá ningún representante sindical en esta comisión de seguimiento para constatar que las empresas cumplen con dicho plan y que confía en el buen criterio de los técnicos para valorar dichos aspectos.
Asimismo, aclaró que el Ayuntamiento no va a entrar en cuestiones de negociaciones colectivas en clara referencia a que una cosa son los convenios que se firman y otra, muy distinta, la dinámica laboral de las compañías, donde muchas veces no se cumple lo pactado; más si cabe en el ámbito privado. "El Ayuntamiento no va a entrar en las negociaciones pero la ley nos da herramientas para que el gobierno local se convierta en un garante de esos derechos", puntualizó en clara referencia a la Ley de Contratos del Servicio Público, donde se habla de que la "oferta más ventajosa no tiene que ser una cuestión económica".
En este sentido, un trabajador de Sercanarias -empresa socia de Emalsa- que se coló en la convocatoria del edil con los medios de comunicación, acusó al Ayuntamiento de "pasividad" en relación a la negativa de la empresa de negociar un nuevo convenio. Al quite salió el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, presente en el acto. "No lo admito. Les hemos apoyado, pero estamos gobernando con las leyes del enemigo. Por sentencia, los ayuntamientos no pueden entrar en los convenios. Sercanarias tiene un problema con Emalsa, no con el Ayuntamiento".
