El Partido Popular y Unidos por Gran Canaria preparan alegaciones contra el llamado IBI social, aprobado en el último pleno municipal de junio con la abstención de la oposición, incluido Ciudadanos, y sin debate previo en ninguna comisión.
El Ayuntamiento ha destinado 1, 7 millones a sufragar el total o parte del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de 2016 de aquellas familias que bien han sido beneficiarias de una ayuda a domicilio o de emergencia, vivan en viviendas con un valor catastral entre 10.000 y 30.000 euros o de alquiler en una casa de protección pública.
Ambos partidos tienen hasta mediados de agosto, como el resto de los ciudadanos, para presentar las reclamaciones oportunas a dichas ayudas, cuyas bases han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas del 6 de julio.
El portavoz del PP, Ángel Sabroso, comentó ayer que es primordial que para la concesión de estas ayudas presentar los ingresos de la renta porque es ahí donde se ve la verdadera necesidad de las familias, independientemente del valor catastral de la vivienda, puesto que las ayudas se dan a personas y no a los inmuebles.
"Al Ayuntamiento no solo no le debería preocupar los pícaros que se colarán solicitando la ayuda, sino los derechos de lo vecinos a percibirla", dijo, en clara referencia a los que cumplan los requisitos pero tengan una renta suficiente para pagar el IBI. En esta misma línea planteará Unidos por Gran Canaria sus alegaciones.
