El Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado cuatro alegaciones contra el conocido como IBI Social, por el que el Consistorio concede subvenciones al Impuesto de Bienes e Inmuebles a aquellos ciudadanos que residan en una única vivienda con un valor catastral inferior a 30.000 euros o hayan solicitado alguna ayuda a domicilio o de emergencia durante en 2015.

El PP sostiene que el único objetivo de sus aportaciones es "incrementar el éxito de la medida propuesta" y que el mayor número de personas en situación económica precaria puedan verse beneficiados de la subvención y no excluidos del IBI social "tal y como ha establecido el procedimiento en las bases inicialmente aprobadas". En este sentido, el PP cree que deben incluirse también a las personas que, hasta el momento de presentar la solicitud, sean perceptoras de la ayuda de emergencia.

La medida social, que fue aprobada el pasado 30 de junio en el pleno municipal, aunque con la abstención de la oposición, se encuentra en fase de alegación pese a que el Ayuntamiento ya está recibiendo solicitudes desde primeros de julio.

En este sentido, los populares afirman que en las bases del concurso se parte de la idea "preconcebida, no contrastada" de que todo beneficiario de una ayuda de emergencia en 2015 continúa teniéndola en el tiempo. Ello conllevaría, por ejemplo, a que un ciudadano que la hubiera pedido en 2015 recibiera la ayuda al IBI Social, aunque su situación hubiera mejorado en 2016 ya que se concede por el impuesto del pasado año y, sin embargo, una familia solicitante de emergencia en 2016 no pudiera beneficiarse de ella pese a estar en crisis.

Entre sus críticas también incluye que no existe un diagnóstico económico real entre la ayuda que se ha creado a tenor del número de personas que percibieron ayudas de emergencia y a domicilio en 2015 -6.828 total- por lo que la cuantía disponible para el IBI -1,7 millones- podría ser insuficiente.