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Fomento solicita informes al Puerto para evaluar la división de Arrecife

Puertos del Estado quiere conocer cómo afectaría la secesión a la competitividad y a los tráficos de la Autoridad Portuaria - La Cámara reclama al ente que mantenga su posición de que "no es un problema"

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El proceso de segregación el Puerto de Arrecife de la Autoridad Portuaria de Las Palmas continúa. Puertos del Estado ha solicitado al ente portuario los informes en los que se detallen cómo afectaría la independencia a la competitividad y a los tráficos de los tres puertos de interés general en la provincia, según se recoge en el orden del día del consejo de administración que se abordará durante la jornada de hoy.

En el punto de informes de presidencia se indica que la administración central dependiente del Ministerio de Fomento ha pedido las consideraciones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas sobre la solicitud que ya ha sido trasladada a Puertos del Estado. En esas consideraciones recalca que, "particularmente", quiere conocer las incidencias que la separación provocaría a los diferentes recintos portuarios para utilizarlos como referencia a la hora de tomar una decisión.

El presidente del organismo portuario provincial, Luis Ibarra, precisó que los técnicos de la casa realizarán estimaciones sobre la afectación en los flujos del tráfico portuario, el precio del tratamiento de las sustancias contaminante, la instalación de la recogida de residuos o cómo variaría el coste de algunos servicios públicos como el uso del remolcador. Ibarra añadió que hasta ahora los técnicos del organismo que preside sólo han elaborado estimaciones contables, pero no han tratado cómo influiría la división en los diferentes servicios.

En todo caso, el máximo mandatario del Puerto matizó que el tema que se lleva al órgano de control, que dará comienzo a las 12.30 horas, es informar a los diferentes representes de esta petición por parte de Puertos del Estado y el inicio de los estudios correspondientes.

Por su parte, uno de los promotores de la secesión, el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, José Torres, valoró positivamente que el expediente haya pasado ya a la administración estatal después de la aprobación por parte del Cabildo lanzaroteño y del Gobierno de Canarias, cuyo consejo de gobierno elevó el pasado 20 de junio a Fomento la propuesta de la creación de la que sería tercera autoridad portuaria de las Islas.

Torres, asimismo, indicó que espera que el ente portuario de la provincia "se manifieste como lo ha hecho hasta ahora, que diga que no es un problema para el Puerto de La Luz". Y agregó que desea que "se respeten los acuerdos que se han tomado en la Isla y en el Gobierno de Canarias".

En el órgano de control también se llevarán otros temas como la aprobación de los pliegos de la construcción del muelle de 140 metros en la zona de La Esfinge, que creará unos 150.000 metros cuadrados para la instalación de empresas sudamericanas relacionadas con la alimentación para que utilicen la capital grancanaria como centro de reexportación a África y Europa.

Entre los otorgamientos de concesiones destaca la relacionada con la Asociación de Empresarios de Transporte de Mercancías del Puerto de La Luz y de Las Palmas (Atraluz), que solicita una superficie de 9.243 metros cuadrados para un centro logístico de transporte en el muelle exterior. Además, Talleres Sanper pide la concesión de 2.410 metros cuadrados, con nave incluida, para su taller de reparaciones navales y la entidad Hiperbáricas Canarias, en la que participan las empresas Servicios Médicos La Luz, Subservice y Sepcan, tramita el uso de 480 metros de un edificio situado de la calle Mr. Pavillard del recinto portuario para la creación de un centro médico polivalente.

Otro de los temas a tratar serán los recursos de reposición interpuestos por más de una veintena de altos cargos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la decisión adoptada en el anterior consejo de administración, celebrado en junio, por el que tras una auditoría sobre el área de personal emitido por la intervención regional, dependiente del Ministerio de Hacienda, se acordó retirarles la indemnización por residencia insular que se les otorga fuera de convenio.

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