El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, ha advertido hoy de que la pretendida segregación de Lanzarote y su constitución en autoridad portuaria insular incrementará el coste de los servicios públicos que se prestan en Los Mármoles.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, su presidente se ha congratulado de que Puertos del Estado haya solicitado a la institución que evalúe técnicamente la incidencia de esta segregación en la competitividad del Puerto de La Luz y en la evolución de los tráficos.

Ibarra ha considerado que el debate sobre la creación de esta autoridad portuaria insular, la que se pretende constituir en Lanzarote a iniciativa de su cabildo, la patronal de la isla y su cámara de comercio, y cuya viabilidad económica ha avalado el Gobierno de Canarias en un informe, tenía que haberse iniciado a partir de los estudios técnicos que ha reclamado Puertos del Estado y que, previsiblemente, se abordarán en un consejo de administración a celebrar en octubre.

Aunque, en su opinión, la creación de la autoridad portuaria de Lanzarote no va a generar un gran perjuicio al tráfico del Puerto de La Luz, sí podrá ocasionar un incremento de los costes de los servicios públicos portuarios que se ofrecen en el puerto de la capital lanzaroteña, que en la actualidad se equiparan a los de La Luz.

Ibarra ha aludido concretamente al precio de los remolques y a la descarga de residuos, que en la actualidad se recogen en cubas y se transportan luego a La Luz.

Sobre el primero de estos servicios, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha estimado que su precio se puede "multiplicar significativamente" cuando Arrecife opere como autoridad insular.

Sobre este asunto, que dependerá, en todo caso, de lo que decida el Ministerio de Fomento, Luis Ibarra ha dicho que en Puertos de Las Palmas "no existe ningún interés en mantener puertos que no quieren estar, pero sí el de velar por el interés del contribuyente".

Los estudios que se han realizado hasta ahora sobre la viabilidad económica de una futura autoridad portuaria lanzaroteña reflejan que la pretendida institución podría generar un millón de euros de tesorería al año, una cuantía que Ibarra ha comparado con los 20 millones que se invierten en la actualidad en la ampliación del puerto de Los Mármoles, de los que cuatro los aporta Fomento y el resto Puertos de Las Palmas.

Con esa tesorería, Lanzarote tendría que esperar 16 años para poder acometer una actuación de este tipo, ha referido.

Respecto a los cuatro barcos hundidos dentro del Puerto de La Luz en cuya extracción y desguace trabaja la institución, Ibarra ha destacado que estas labores suponen un coste de 2,5 millones de euros, cuantía que se pretende recuperar del fondo de compensación.

Además, en la reunión de hoy se ha abordado el visto bueno que la intervención general ha dado a las cuentas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas relativas al ejercicio de 2015.

Sobre estos resultados, Ibarra ha resaltado que los 18,9 millones de beneficios registrados han permitido amortizar anticipadamente 5 millones de deuda e incrementar hasta los 16,8 millones la segunda fase de las obras que se realizan en los muelles interiores de La Esfinge, donde se pretende concentrar el tráfico de graneles entre Sudamérica y África.

Luis Ibarra se ha congratulado de la "buena salud financiera" de la institución que preside desde hace cinco años, periodo en el que su deuda bancaria se ha reducido de los 156 a los 100 millones de euros.

Por ello, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha confiado en que en 2017 los costes financieros de la institución sean "la mitad" de los que había cuando él llegó, de forma que se pueda iniciar el expediente para la reducción de los costes del suelo portuario, cuestión a la que se ha comprometido.

Además, la sesión de hoy ha analizado la desestimación judicial que han recibido 26 de los 28 recursos presentados por trabajadores de la institución no sujetos a convenio a la eliminación, por indicación de la Intervención, del plus de insularidad que cobraban y que, según ha precisado, suponía a la Autoridad Portuaria de Las Palmas un desembolso de 109.000 euros al año.