Los últimos residentes del Confital fueron desalojados ayer por orden judicial, después de que desde el 2012 estuvieran batallando con el Ayuntamiento para seguir viviendo en la playa a pesar de que no puede haber ninguna ocupación por ser un espacio protegido.
El alcalde Augusto Hidalgo señaló ayer en las Casas Consistoriales, tras la rueda de prensa para explicar el uso de los remanentes de 2015, que desde esa fecha se le avisó a la familia "de buena voluntad" que tenía que irse del paraje, pero que hasta que no fue emitida esta orden judicial no había hecho caso. "El responsable familiar tiene recursos y; si no los tuviera se le habría ayudado", indicó el alcalde a la pregunta de por qué se les desahuciaba.
Por otro lado, la Corporación municipal y el Cabildo de Gran Canaria se han puesto de acuerdo en impulsar un proceso participativo para acordar el uso y disfrute de este espacio respetando su entorno natural y cultural, ya que en él se haya la Cueva de los Canarios, un enclave aborigen protegido.
