Por primera vez en su historia, el Puerto tendrá que celebrar un Consejo de Administración extraordinario en el mes de agosto. El motivo son las dos alegaciones presentadas por dos de los 28 afectados por la retirada del plus de insularidad que hasta el pasado mes de junio recibían en sus nóminas y que suponía para el organismo 109.000 euros anuales. Los dos empleados presentaron sus recursos de reposición el último día de plazo, por lo que la Autoridad Portuaria tiene la obligación de responderles en 30 días. Esto generará un coste adicional en dietas de 9.600 a la institución que, según señaló su presidente, Luis Ibarra, era "un gasto que no estaba contemplado" que se podría haber evitado "si se hubiesen presentado unos días antes las alegaciones".
Según explicó Ibarra, hace más de 20 años que una sentencia firme respaldaba el pago de este complemento que los empleados recibían en concepto de indemnizaciones por residencia y que en ningún caso "jamás percibió el presidente", como así él mismo lo reiteró. "Pero hace tres años que el interventor viene diciendo que esto no se puede pagar", apuntó.
Fue durante el pasado Consejo de Administración que tuvo lugar el 29 de julio, cuando el Puerto desestimó los recursos presentados por 26 de los 28 trabajadores de la institución no sujetos a convenio (técnicos de mayor cualificación) ante la medida por la que dejarían de cobrar una bonificación que rondaba entre los 3.500 y los 4.000 euros, dependiendo de cada caso. Esta decisión llegó después de que la intervención regional de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, elevara al tribunal de cuentas la situación. Tras realizar una auditoría en el área de personal, se determinó la necesidad de finalizar este extra que suponía anualmente 109.000 euros a la Autoridad Portuaria.
Por su parte, las otras dos alegaciones restantes se presentaron dos días después del último Consejo de Administración que se celebró el pasado 29 de julio, ya que "no se pudo aplazar más porque había otros temas de urgencia". Los recurrentes en este caso fueron, concretamente, Ana del Castillo y José Daniel López, exdirector del Puerto de La Luz expedientado hace unos meses por grabar y filtrar conversaciones telefónicas mantenidas con Ibarra, a quien solicitó su intercesión ante dos noticias en las que se le acusaba de haber metido a su cuñada en la plantilla de la Autoridad Portuaria. A él también se le responsabilizó de la demolición parcial del muelle de La Esfinge por cuyas presuntas irregularidades fue investigado y suspendido de empleo y sueldo, si bien un juez revocó esta medida al entender que el órgano portuario no tenía competencias para tomarla ya que los hechos tuvieron lugar cuando ocupaba un cargo de confianza. Por lo que fue readmitido en su actual puesto de trabajo como director financiero.
En este caso, tanto López como Del Castillo "apuraron hasta el último día" para presentarlas, obligando al organismo a darles una respuesta en un periodo de 30 días como máximo. De este modo, está previsto que el próximo día 25 los 16 consejeros del órgano de control vuelvan a reunirse para abordar esta problemática, si bien su presidente anuncia que la respuesta será la misma que para el resto de los trabajadores.
Ibarra también explicó que a pesar de que las cuestiones de personal se delegaron en la presidencia, él ha preferido convocar al Consejo de Administración debido a los problemas que ha habido con algunos expedientes. La reunión que se hará en algo más de dos semanas tendrá un coste adicional para el organismo de 9.600 euros, ya que cada consejero cobra cerca de 600 euros en concepto de dietas.
