Juan José Cardona, portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, solicitó el pasado viernes al alcalde Augusto Hidalgo que aclare si su Gobierno municipal presentará alegaciones a la nueva ordenanza que regula la Tasa de Tratamiento de Residuos en los complejos medioambientales de la Isla, impuesta por el Cabildo. Una normativa que fue aprobada en el último pleno de la corporación insular y que se publicó en el Boletín Oficial Provincial (BOP) el pasado viernes.

Cardona comentó que "es verdaderamente curioso ver como estos días Hidalgo participa y crea debates con temas recurrentes para pasar el verano como el teleférico de La Isleta, el cual confiamos plenamente en que no llegará a nada y, mientras esto ocurre, elude y permanece callado sobre las intenciones que tiene el tripartito de presentar alegaciones". Y es que de salir adelante esta ordenanza supondrá que los municipios grancanarios tendrán que pagar durante los próximos 15 años el doble de una tasa que, en la actualidad, ronda los 40 millones.

El portavoz indicó que "los primeros atisbos de complicidad y de connivencia" del tripartito de la capital con el insular "ya se pudieron comprobar durante el pasado pleno de julio, al rechazar los grupos políticos del PSOE- Podemos y NC en dicho debate, la iniciativa popular que sugería que el Ayuntamiento presentara alegaciones a esta desmesurada tasa".

"Cobro injusto e indebido"

No obstante, según apuntó el concejal popular, había "confianza en que el sentido de la responsabilidad llevara al alcalde a reaccionar contra esta imposición y que, asesorado por los expertos jurídicos, procediera a presentar las alegaciones para defender los intereses generales de los vecinos de la capital". De lo contrario, aseveró, "se estaría procediendo a un cobro injusto e indebido que ya en su momento el TSJC ordenó paralizar por sus sobreelevados costes".

El tripartito dispone desde el pasado viernes de una semana para alegar. "Y, por lo tanto, dejar claro si primarán los intereses generales de los vecinos de la capital o, por el contrario, serán sus intereses y complicidades políticas los que primen frente a su responsabilidad como gestor del Ayuntamiento".