Aunque los socios del gobierno tripartito mantienen diferentes posiciones en torno a la instalación del teleférico no parece que esta circunstancia pueda afectar al pacto, porque el proyecto, que cuenta con el respaldo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el alcalde capitalino Augusto Hidalgo, no tiene posibilidades de salir adelante, al menos por el momento. Uno de las instituciones que debe dar el visto bueno, el Ministerio de Defensa, ha emitido un informe en el que rechaza de plano la posibilidad de desplegar el funicular, que promueve un grupo de empresarios canarios, al considerar que interfiere y limita las maniobras de instrucción y adiestramiento de la tropa y entender que los vuelos sobre la zona militar afectan a su seguridad.
La oposición de Defensa se suma al rechazo del Cabildo de Gran Canaria, cuyo consejero de Medio Ambiente, Juan Manuel Brito, advirtió la pasada semana que no está dispuesto a avalar la descatalogación de parte de la montaña de El Vigía, que forma parte del Paisaje Protegido de La Isleta, para instalar la estación de desembarco del teleférico y otras instalaciones previstas en sus inmediaciones.
La Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa remitió el pasado 2 agosto un escrito a la Sociedad Teleférico Las Palmas S. L., en la que le aclara que no es posible autorizar el proyecto porque "genera limitaciones e interferencias a las actividades de adiestramiento e instrucción de las unidades alojadas" en la Base General Alemán Ramírez, que está ubicada en el acuartelamiento de Las Coloradas.
El escrito de rechazo fue remitido por la Delegación de Defensa en Canarias a la empresa promotora, tres días antes de que Hidalgo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, y el ingeniero que ha ideado el teleférico, Rafael Cabrera, presentaran el proyecto a los medios de comunicación. Fuentes de Defensa señalaron que buena parte del recorrido del teleférico, que tiene unos 2,2 kilómetros de longitud, sobrevuela la zona militar de La Isleta, que tiene una superficie aproximada de 700 hectáreas. Las fuentes añadieron que las góndolas del aparato "cruzan por en medio la zona militar. Si hay ejercicios, se puede sacar información desde el aire, por ejemplo, de como está estructurada la defensa en La Isleta. Todo esa información es de difusión limitada. No es conveniente que sea de conocimiento público".
Los promotores del teleférico remitieron la petición a los responsables de la Base General Ramírez a finales del pasado mes de mayo, solicitud que se acompañó de un dossier con los planos del proyecto. Los documentos fueron reenviados a Tenerife, a la jefatura del subsector general del Ejército de Tierra en Canarias, que realizó un estudio sobre el proyecto.
Dicho estudio fue remitido al director del acuartelamiento del Ejército de Tierra en Madrid y la Delegación de Defensa lo envió a su vez a la Dirección General de Infraestructuras, que finalmente, tras analizar la evaluación del proyecto, concluyó que no es posible autorizarlo porque afecta a la seguridad y a las actividades cotidianas de la zona militar.
En cualquier caso, las fuentes de Defensa reconocieron que la autorización del teleférico es, en última instancia, una decisión política que depende del ministro de Defensa, que actualmente está ocupado de manera interina por Pedro Morenés. Rafael Cabrera expresó durante la presentación del proyecto su esperanza de que el futuro ministro de Defensa, cuyo nombramiento está pendiente de la formación del nuevo Gobierno de España, vea con buenos ojos el proyecto. En cualquier caso, aunque Defensa cambiara de opinión, los promotores se enfrentan a la oposición del Cabildo de Gran Canaria.
Juan Manuel Brito ya dejó claro la pasada semana que el teleférico es inviable con la protección que tiene la zona y se mostró partidario de recuperar para uso público toda esa parte de La Isleta, en manos de los militares desde hace años.
