La Fiscalía de Las Palmas ha decidido hacer suya la denuncia presentada por el exalcalde Juan José Cardona, el pasado 28 de enero, contra el tripartito que gobierna la capital grancanaria, por presunta administración desleal en Emalsa. Este tipo penal castiga a los servidores públicos que causen algún perjuicio al patrimonio que gestionan. Tras la investigación, la fiscal de Delitos Económicos, Eva Ríos, remite la denuncia al Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad, donde esta causa se suma al grueso del caso que lleva judicializado desde la Navidad de 2013, y que investiga un presunto delito societario por parte de un grupo de 15 directivos, consejeros y técnicos de la empresa mixta.
En lo que concierne al último capítulo, el fiscal explica que, de acuerdo a "la documentación recibida y las diligencias de investigación acordadas", se deduce "la posible existencia de un delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal". Por eso remite "la correspondiente denuncia" al Juzgado de Instrucción número 6 de la capital, para unir esta pieza al resto de causas sobre la compañía, "por estar íntimamente relacionados los hechos que se denuncian con el objeto de aquellas".
Estos hechos a los que se refiere el escrito quedan detallados en la denuncia que presentó el portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento el 28 de enero de este año. En su texto considera que existen una serie de acciones u omisiones por parte del alcalde socialista Augusto Hidalgo y su equipo en la gestión de la compañía, que son constitutivas de un posible delito penal.
14 incumplimientos
La primera decisión que Cardona pone en entredicho es la de obviar el quinto informe de la intervención en Emalsa, que contabilizaba hasta 14 incumplimientos de los contratos suscritos entre la empresa y el Ayuntamiento, y que, además, aconsejaba la resolución de los acuerdos con la entidad, por la imposibilidad de garantizar el servicio en el futuro.
Entre aquellas irregularidades que se enumeraban en el informe del interventor, Rafael Bolívar, y que firmaban seis funcionarios del Consistorio, figura también el hecho de que, desde que la firma pasó a ser semipública, los accionistas -Saur y Valoriza (antes Saur y Unelco), al 66%; y el Ayuntamiento, con 34% de la sociedad- no han destinado ni un euro al llamado fondo de reposición, por lo que las infraestructuras no cuentan con el respaldo económico necesario para su mejora en caso de necesitarla.
Los 14 incumplimientos señalados por los seis expertos no fueron suficientes para disuadir a la Junta de Gobierno actual, que integran el PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias, que decidió dar por zanjada la intervención, tras 18 meses, al considerar el propio alcalde que se trataba de una "farsa". Para Hidalgo es desde el propio consejo de administración de la sociedad, desde donde se debe controlar que se dé el servicio de agua a los ciudadanos en condiciones óptimas.
Precisamente, esta es otra de las acusaciones de Juan José Cardona en la denuncia que ahora envía la Fiscalía al juez. Para el exregidor, la empresa no puede ser controlada desde su propio órgano administrativo, por su propia definición. La titularidad municipal conlleva la obligación de garantizar el cumplimiento de los contratos, y el popular considera que la supervisión ha de proceder del Ayuntamiento y no del consejo.
No piensan igual Augusto Hidalgo y sus socios de Gobierno, que crearon un nuevo comité técnico asesor, al calor de un informe encargado a la consultora KPMG, y que no se ha hecho público. Este grupo, conformado por tres funcionarios, debe elevar propuestas a los consejeros municipales en Emalsa para que estos, a su vez, los transmitan al órgano administrativo de la compañía y tomar así las decisiones en su seno. En la denuncia se señala que "este acuerdo significa trasladar al ámbito mercantil, esto es, al consejo de administración de Emalsa, la toma de decisiones sobre competencias administrativas en cuanto al control municipal de la concesión".
El saneamiento
El alcalde Augusto Hidalgo ha sido partidario desde el primer momento de su mandato de abonar la deuda que acumula el Consistorio con Sercanarias, sociedad encargada del saneamiento de la capital hasta este mismo año, en el que se ha rescindido su contrato. Juan José Cardona decidió no abonar los más de cuatro millones anuales a la firma, participada al 50% por Saur y Valoriza, al considerar que no se estaban justificando adecuadamente los trabajos que se facturaban. La compañía llevó el caso a los tribunales, que le dieron la razón, y conminaron al Consistorio a satisfacer una deuda, que, con los intereses, según el actual regidor, asciende a unos 20 millones de euros. Otra de las dudas que surgen en el escrito de denuncia es si se han llevado a cabo los procedimientos adecuados para defender los intereses municipales, ya que esta sentencia no ha sido recurrida. Según Cardona, los documentos solicitados fueron entregados fuera del periodo probatorio.
