La catedrática de Filosofía en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria Rosario Miranda es la presidenta de la Asociación Cívica El sol sale para todos. En su junta directiva constan José Jiménez, ingeniero de caminos, exdiputado y último director de la Agencia local de la Energía de Las Palmas, que actúa como vicepresidente; Óscar Méndez, jefe de servicio de Patrimonio del Gobierno de Canarias, que es el tesorero; el abogado Agustín Bravo de Laguna, que consta como secretario; María Luisa Pita, jefa de servicio de Sanidad Ambiental del Gobierno de Canarias, como vocal; y Óscar Bermejo, portavoz y consultor Medioambiental.
Este es el núcleo de un grupo de unos veinte profesionales, que ahora se quieren personar como acusación popular en el caso Emalsa, y que han decidido, según explican en sus estatutos, "analizar y estudiar el funcionamiento de los servicios públicos, especialmente, los prestados por compañías privadas". El colectivo quiere favorecer el control y la transparencia, así como la dación de cuentas en lo referente a la gestión de estos servicios.
Jiménez y Bermejo participaron en la intervención en Emalsa que puso en marcha el Partido Popular en la capital grancanaria y, tras ponerle fin el tripartito, decidieron dar un paso adelante, ante lo que el portavoz de la Asociación considera un error del "gobierno de progreso al pasado" del PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias. Aunque la compañía mixta no es su único caballo de batalla, sí es el primero. En abril pasado presentaron una solicitud para personarse en la causa contra 15 directivos de la compañía mixta y ahora, tras enviar una documentación requerida y obtener el respaldo de la Fiscalía de Las Palmas, esperan la respuesta del Juzgado de Instrucción número 6.
