El sol sale para todos se ha personado como acusación pública en el proceso contra los 15 directivos de Emalsa por presunto delito societario, ¿con qué fin?
Creamos la asociación por entender que en una sociedad democrática, los ciudadanos tienen que hacer política. No deben dejarla solo en manos de los partidos políticos y sus representantes. Los servicios públicos básicos están siendo prestados cada vez más por empresas privadas en régimen de concesión. Nacemos con la intención de vigilar el funcionamiento y la prestación de eso servicios, su transparencia, su dación de cuentas y ayudar a las administraciones públicas a que las vigilen y pongan herramientas que mejoren el funcionamiento y control democrático. No somos un sindicato estilo Manos Limpias ni nos mueve la venganza, sólo vigilar el funcionamiento de las administraciones.
¿No se fían de que el gobierno municipal sea capaz de defender el interés público en Emalsa?
Como dos de los miembros de la asociación teníamos experiencia en el proceso de intervención de Emalsa y conocíamos los detalles, nos preocupó el giro de timón tan profundo que dio el gobierno municipal. Y desde ahí, nos pareció que era bueno que hubiera otros ojos sobre el procedimiento contra 15 administrativos y directivos de la parte privada.
¿Por qué cree que se dio carpetazo a la intervención?
Hidalgo llevaba un mes en la Alcaldía cuando dijo que la intervención era una farsa. Mayor giro de timón no cabe, pese a que ese trabajo estaba sentando las bases para reformular la relación contractual con Emalsa o rescindir el contrato. Que se dijera que era una farsa, que no se prorrogara la intervención, que se cesara al jefe del servicio de Aguas, que se creara un comité técnico para estudiar la nueva relación contractual sobre la base de un estudio encargado por Emalsa, sin mencionar los cinco informes de la intervención, pues nos sorprendió, por no decir otra cosa. Temíamos por la defensa de los intereses generales y seguimos temiendo, a la luz de lo que está pasando en 2016.
El trabajo del interventor y su equipo tampoco fue un camino de rosas en el anterior mandato. Bolívar reclamó más medios ante la política obstruccionista de Emalsa en dos informes que, por cierto, fueron guardados en un cajón en la era Cardona, ¿no?
Indudablemente. Hubo dos informes que, efectivamente, fueron firmados por los cinco miembros del grupo de apoyo a la intervención y no se hicieron públicos, no sé si porque estaban cerca las elecciones; pero lo que sí es cierto es que la anterior corporación puso en marcha la intervención y la prorrogó doce meses. Eso hay que ponerlo en su haber.
El PSOE siempre se mostró crítico con la intervención y un posible rescate de Emalsa, pero llama la atención el cambio de Las Palmas Puede y Nueva Canarias en torno a la recuperación del servicio, ¿A qué cree que se debe?
Ellos sabrán. Son mayores de edad. No sé cómo interpretar el cambio de opinión de Nueva Canarias y Las Palmas Puede, entre lo que dicen y luego hacen en el consejo de administración de Emalsa.
Otra cuestión que llama la atención es la decisión de no recurrir la sentencia que obliga a pagar una parte del saneamiento a Emalsa. ¿Cómo califica esta medida, denunciada por el PP? ¿Cree que hay indicios de administración desleal?
No lo sé, no soy jurista, pero es una decisión gravísima. Hay una serie de elementos en torno a esa resolución judicial que llaman la atención. Primero, que el letrado municipal adjunta tarde todo un conjunto de documentos que apoyaban la decisión municipal de no pagar las facturas de enero de 2013 a abril de 2014.
¿Esos más de mil folios que llegaron tarde al juzgado?
Sí. El letrado municipal no llamó a declarar a favor del Ayuntamiento ni al anterior jefe de la unidad de Aguas ni a ningún otro empleado municipal del grupo de apoyo a la intervención, que conocían bien y tenían documentos sólidos y contundentes a favor de los intereses municipales. Eso sorprende. Además, el mismo día que se comunica la sentencia, hay una providencia del juzgado incorporando estos mil folios a la causa. En una materia de esta contundencia, que no se recurriera por los letrados municipales nos hizo mesarnos los cabellos. Yo, como ciudadano, requerí en su día al alcalde y a otros órganos municipales, para que se recurriera la sentencia. El alcalde me contestó diciendo que agradecía mucho mi requerimiento, pero que el servicio jurídico le había dicho que no. Nos parece de una gravedad extraordinaria. Es insólito que las administraciones cuando tienen argumentos de sobra no recurran una sentencia de esa envergadura con la excusa, creo, de que la Audiencia de Las Palmas no suele revocar las sentencias.
Hidalgo dijo que no se recurrió para evitar el pago de intereses de demora y para frenar la querella de Emalsa por el reparto de 88 millones en dividendos, que todavía está en marcha.
Por lo que yo sé, esa demanda de 88 millones no se ha retirado. Eso es algo insólito y de una gravedad extraordinaria. Cuando se presume del control de la compañía desde el consejo de administración y de buenas relaciones, todo esto nos sorprende muchísimo.
La sentencia rechaza por un lado la petición de Emalsa para que el Ayuntamiento le pague sólo con presentar la factura y por el otro le da la razón cuando dice que el Ayuntamiento debe pagarle 6,6 millones entre enero y abril de 2014, porque el contrato de saneamiento no obliga a Emalsa a justificar que ha prestado el servicio, ¿usted lo entiende?
Emalsa plantea tres demandas: Derecho a cobrar presentado sólo un papelito, derecho a cobrar 6,6 millones de euros sin intereses y que se condene al Ayuntamiento a pagar ese dinero. La magistrado da la razón a Emalsa en los puntos segundo y tercero pero rechaza el derecho de Emalsa a cobrar, como siempre, sin más. De una forma bastante clara asume que no es de recibo que se cobre por un servicio sin comprobar que se ha prestado. Está conminando al Ayuntamiento para que denuncie el contrato, porque no es de recibo.
Las facturas de saneamiento no se pagaron a Emalsa porque los funcionarios se negaban a firmar sin que se acreditara la prestación del servicio. ¿Sabe si se están firmando ya las facturas?
Desde enero de 2016 se están pagando mensualmente. Esos papeles que presenta Emalsa y que dice que son facturas los firma mensualmente el concejal de Aguas y el jefe de la Unidad Técnica y lo paga el Ayuntamiento con la firma de la intervención accidental, que sabrá lo que está haciendo. La intervención de Emalsa concluye su trabajo, aunque no estaba terminado, el 16 de septiembre de 2015 con un informe que, aunque no es definitivo, es bastante clarito y sienta las bases para reformular el contrato o rescatar la concesión, como se hizo en Berlín, aunque los socios privados no tenían mayoría. Los ciudadanos berlineses pagarán ese rescate durante 30 años.
Esa es otra razón que esgrime el tripartito para no rescatar el servicio, el coste económico que conllevaría
Puede ser. ¿Y actualmente no nos está costando dinero? ¿Qué sabemos? Estamos hablando de que Emalsa tiene ingresos anuales de más de 50 millones de euros y quedan 27 años de concesión. Desde la asociación entendemos que los derechos ciudadanos no están bien defendidos y que los diversos pasos que ha dado este equipo de gobierno desde que fue elegido han ido en la dirección contraria.
El tripartito insiste en que el nuevo comité técnico está reformulando los contratos basándose en los informes de Rafael Bolívar y de KPMG
Eso es mentira. Podrán decir lo que quieran pero la resolución de la junta de gobierno, en virtud de la cual se crea esa comisión habla única y exclusivamente de un documento hecho por una consultora privada KPMG, contratada por Emalsa.
También dicen tanto Hidalgo como Doreste que el informe de KPMG fue encargado por Bolívar.
Eso es mentira. El anterior interventor contrató a KPMG un informe de 18.000 euros que devolvió y que nos gustaría saber si se ha pagado o no. Posteriormente recibe la noticia de que se va a hacer un nuevo contrato por una cuantía muy superior (244.000 euros) a lo inicialmente recomendado, siendo concejal Martín Muñoz.
¿Qué credibilidad tiene un informe sobre Emalsa que ha sido pagado por la compañía? Un informe, cuyo contenido no es público pese al compromiso que manifestó el alcalde hace un año.
El 20 de mayo llevé al registro municipal nueve solicitudes de información, al amparo de la Ley de Transparencia, entre otros, el documento elaborado por KPMG. Lo cierto es que no se nos ha facilitado. Ni a nosotros ni a nadie. Queremos saber, queremos leerlo porque a lo mejor es un documento extraordinario, pero a la luz de la experiencia, es razonable que tengamos alguna duda de que un documento encargado a instancia de parte sea un documento ideal para el interés general. Conviene señalar que lo que actualmente son las condiciones técnicas del contrato leonino de saneamiento está basado en un documento de 1997 redactado por Emalsa de la a A la C, en el que el Ayuntamiento no puso ni una coma. Para que se hagan una idea, ese contrato no contempla régimen sancionador. A Emalsa, si presta mal su servicio o se le deja de pagar o se la lleva a tribunales, pero no se la puede multar porque el régimen sancionador no lo contempla.
También se habló en su momento de que Sercanarias iba a dejar de realizar el servicio. Un año después, la empresa de los socios privados sigue con el saneamiento, ¿Qué opina?
Sólo se pueden subcontratar servicios accesorios. Sercanaria presta la práctica totalidad de los servicios de saneamiento. ¿En qué cabeza cabe que van a estar defendidos los intereses generales en esta situación?. Las empresas privadas están para ganar dinero, eso es lógico, pero la Unidad Técnica del Agua está en cuadros, cada vez tiene menos gente y menos capacidad de control. La peor situación en su historia. Esto clama al cielo.
¿Tiene algo que ver esta asociación con el Partido Popular?
No. Nosotros manifestamos nuestra opinión sobre determinados temas. Si se da la circunstancia de que se comparte la opinión con el PP, la Liga Comunista, Falange Española o la asociación Bahá'i nos parece muy bien. En la asociación coincidimos antiguos cargos públicos del PP, votantes del PSOE, fundadores de Podemos y algunos candidatos de UPyD y C's como yo. Nos une el objetivo común de intentar proteger el interés general.
