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El Ayuntamiento oculta el informe de KPMG sobre la compañía mixta

La plataforma no ha podido acceder a la auditoría, que solicitó en mayo

El gobierno municipal ha decidido no hacer público el último informe sobre Emalsa realizado por la consultora privada KPMG, que está sirviendo de base al comité técnico asesor para reformular las relaciones entre el Ayuntamiento y la compañía mixta.

El alcalde Augusto Hidalgo anunció en octubre del pasado año que daría a conocer la auditoría encargada por Emalsa, pero hasta la fecha no han podido acceder a ella ni los partidos de la oposición. La asociación cívica El Sol sale para todos solicitó al Ayuntamiento el informe de KPMG el pasado 20 de mayo y tampoco ha obtenido respuesta, pese a que la ley establece que las administraciones públicas tienen un mes para responder a las preguntas de los ciudadanos o, por lo menos, aclararles que están buscando los datos requeridos. La asociación afirma que tampoco se ha facilitado información sobre otras ocho cuestiones relacionadas con la gestión del agua y otros servicios básicos.

Entre lo solicitado figura el informe jurídico que avala el desistimiento de recurrir la sentencia del saneamiento y el expediente administrativo que respalda la creación del comité técnico asesor de Emalsa. La plataforma quiere conocer también las condiciones del contrato firmado entre Emalsa y la compañía Citynet para la utilización de la red de alcantarillado en el despliegue de la fibra óptica. Otra información requerida por esta plataforma, cuyo objetivo es velar por la transparencia y la correcta gestión y prestación de los servicios básicos en manos privadas, es la memoria básica de la guagua exprés, un proyecto que el Ayuntamiento pretende sacar adelante con financiación europea. "Creemos que la BRT puede cambiar de forma sustancial la forma de moverse en la ciudad. Si se articula a través de un crédito del Banco Europeo de Inversiones va a hipotecar a la ciudad en una cuantía importantísima", explica Bermejo, que añade que también se han pedido datos del nuevo Plan Especial de Protección Vegueta-Triana.

La asociación ha iniciado su labor dirigiéndose al Ayuntamiento de la capital grancanaria, pero tiene previsto pedir información a otras administraciones en relación con otros servicios básicos, como la gestión de residuos, la energía o la telefonía. La plataforma se ha personado también, como acusación popular, en el proceso penal contra 15 ejecutivos de Emalsa.

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