La asociación cívica El sol sale para todos y el partido Ciudadanos (C's) han recurrido, cada uno por su lado, la modificación de crédito que aprobó el gobierno tripartito en el pleno del pasado 29 de julio para pagarle a Emalsa los 14,48 millones que reclama la compañía mixta por el servicio de mantenimiento de la red de alcantarillado que asegura haber prestado entre enero de 2013 y diciembre de 2015. Ambas organizaciones reclaman la nulidad del acuerdo y piden que se paralice el pago de las facturas, al considerar que hay "irregularidades" en el expediente. Advierten que el gobierno que preside Augusto Hidalgo está incurriendo en un presunto delito de prevaricación administrativa.
La portavoz de Ciudadanos, Beatriz Correas, denuncia que el expediente carece de "los informes técnicos pertinentes", mientras que la plataforma ciudadana acusa al Ayuntamiento de hacer una "interpretación sesgada y torticera" de la sentencia en la que se ampara para avalar el pago a Emalsa.
La modificación presupuestaria se basa en una solicitud firmada por el concejal de Aguas, Roberto Santana, y el jefe de la Unidad Técnica de Aguas, Sergio Martínez, que se amparan a su vez en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número cuatro del 29 de enero de 2016, que obliga al Ayuntamiento a pagarle a Emalsa el saneamiento desde enero de 2013 a abril de 2014, para abonar a la compañía 36 facturas correspondientes a tres anualidades (desde enero de 2013 a diciembre de 2015).
El edil y el técnico aseguran que la sentencia afirma que le corresponde al Ayuntamiento "el pago de las facturas que se presenten al cobro por los servicios de saneamiento.... Sin necesidad de aportar más documentación que la estrictamente exigida en este contrato y en su convenio complementario".
Sin embargo, el portavoz de la asociación cívica, Óscar Bermejo advierte que la sentencia dice justo lo contrario de lo que afirma el concejal y recuerda que la magistrada sólo reconoce a Emalsa su derecho a cobrar las facturas emitidas desde enero de 2013 a abril de 2014 y, además, cifra dicha cantidad en 6,6 millones de euros.
Este pleito entre Emalsa y el Ayuntamiento se remonta al año 2013, cuando el anterior gobierno de Juan José Cardona decide bloquear el pago de la limpieza de la red hasta que la compañía acredite que ha realizado los trabajos por los que quiere cobrar. El antiguo jefe de la Unidad Técnica del Agua y exinterventor de Emalsa, Rafael Bolívar, se niega a firmar las facturas tras detectar el grupo de expertos, numerosos incumplimientos. Según los escasos datos a los que pudieron acceder los técnicos, la empresa actuó durante el primer semestre de 2013 en menos del 5% de los 350 kilómetros de la red de saneamiento. Emalsa decide entonces reclamar en los tribunales el pago del periodo entre enero de 2013 y abril de 2014. Y la juez le da la razón, pero en sólo dos de las tres reclamaciones que hace la compañía. Le dice que tiene derecho a cobrar los 6,6 millones que reclama más intereses de demora por el saneamiento entre enero de 2013 y abril de 2014, al entender que el contrato, firmado en 1998, sólo establece el pago de una cantidad anual, "no supeditada a la acreditación de la prestación del servicio. Si el Ayuntamiento considera", añade el fallo, "que el marco contractual" impide verificar el cumplimiento o sospecha que el servicio no se presta, "deberá acudir" a la resolución del contrato.
La magistrada María del Carmen Monte Blanco rechaza, por el contrario, la demanda de Emalsa de poder cobrar el servicio, solamente con la presentación de la factura. El tripartito renunció a recurrir esta sentencia, pese a que la juez la dictó sin haber analizado una documentación aportada por los técnicos municipales que justificaba el impago de las facturas. El letrado municipal presentó tarde esos más de 1.000 folios, cuando ya se había emitido la sentencia, según afirma el juzgado en una providencia remitida al Ayuntamiento.
Interpretación
El gobierno municipal hace una "interpretación arbitraria y torticera" de esa sentencia, entiende la asociación, que además ve de "especial gravedad" que la Unidad del Agua esté pagando de "forma ordinaria y regular" las facturas desde enero de 2016. "Es mentira", resalta Bermejo, "que la sentencia diga que corresponde al Ayuntamiento pagar las facturas que se presenten al cobro, sin necesidad de comprobación alguna. Eso es mentira. La sentencia sólo dice que Emalsa tiene derecho a cobrar las facturas de enero de 2013 a abril de 2014. Y se dice que se pague a Emalsa 6,6 millones, no 14.48 millones".
La asociación echa en falta también una fiscalización del gasto que vaya más allá del aspecto meramente contable, por parte de la interventora general accidental, cuya actuación ve "irregular" porque "le consta que los servicios prestados" en 2013 "son inferiores a los facturados por Emalsa". La modificación aprobada contempla el pago de 4,97 millones por la anualidad de 2013, pese a que la funcionaria estatal "tiene constancia de que los servicios prestados y comprobados por el Ayuntamiento" sólo alcanzan los cuatro millones, según un correo electrónico de febrero de 2016 en el que se reconoce el incumplimiento contractual por parte de Emalsa". Por su parte, Correas advierte de que el expediente carece de los "informes técnicos pertinentes para abonar las facturas desde mayo de 2014 a diciembre de 2015. El expediente tiene que paralizarse hasta que sea presentada la documentación que indica la Internvención general en su escrito de febrero del 14 de febrero de 2014". El tripartito debe responder en pleno a las reclamaciones antes del 22 de septiembre, salvo que decida no admitirlas.
