Todo indica que las mediciones de ruido realizadas por la empresa Marsan Ingenieros en la EDAR de Tamaraceite superarán los decibelios autorizados por la normativa, pero ese no es el único presupuesto que exige el Código Penal para que exista un delito por contaminación acústica. También es necesario que se acredite un perjuicio a la salud de las personas expuestas a dicho ruido.
Eso, en síntesis, es lo que deberá analizar la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas tras registrar la primera denuncia presentada por los vecinos de Las Majadillas. La afectada, Belén Palma, con dos hijos menores, acompaña su escrito con varios partes médicos, los cuales, al menos, acreditan que ha tenido que acudir al Centro de Salud por el incesante estruendo de la depuradora y la imposibilidad de dormir por la noche. "Qué la paren ya. Me estoy volviendo loca", ha reclamado la afectada esta semana al Ayuntamiento y la empresa que gestiona la planta, Emalsa. Los responsables han reducido el caudal de agua a depurar y eso ha reducido el estruendo, pero rechazan pararla porque podrían surgir dificultades para volver a ponerla en marcha. Palma replica que el ruido persiste de forma más aguda y, por ese motivo, reclama a la Fiscalía que suspenda la actividad como medida cautelar. Los resultados de las mediciones de Marsan se hicieron en tres casas y estarán en 10 días.
