Contener costes y aumentar beneficios son los pilares básicos de la estrategia económico-financiera que -por lo general- se marcan todas las empresas. No obstante, esta premisa no es la que debe imperar en las empresas públicas, ya que en éstas, lo fundamental, no es conseguir beneficios económicos, sino prestar un buen servicio público, generalmente, servicios esenciales que son por naturaleza deficitarios. No quiere decir esto que los organismos responsables de la gestión pública no intenten contener gastos, siempre y cuando esta medida no implique una merma de la calidad de los servicios. Entre ellos, los gastos relacionados con inversiones en obras públicas de poca o dudosa justificación, por no decir innecesarias; por ejemplo, en infraestructuras de transporte terrestre y marítimo. Como asimismo, intentar mesurar gastos asociados a la gestión pública, también de dudosa justificación.
Viene esto a cuento por la propuesta de una autoridad portuaria para el puerto de Arrecife, independiente a la de Las Palmas. Una propuesta -que parte de la Cámara de Comercio de Arrecife- basada en una argumentación inconsistente. Una supuesta ma-la voluntad en la gestión del puerto de Arrecife por parte del organismo público responsable: La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP).
Inducido por esta crítica, uno puede pensar que existe una animadversión por parte del cuerpo directivo de la APLP, y asimismo del pleno del consejo de administración de la misma, ya que en estos organismos es donde se toman decisiones y acuerdos sobre la gestión de los puertos adscritos a tal autoridad portuaria. Indicar que forman parte de dicho consejo las administraciones que apoyan esta propuesta: Gobierno Autónomo, cabildos de Fuerteventura y Lanzarote y ayuntamientos de Puerto del Rosario y Arrecife. Tal supuesto nos conduciría de inmediato a preguntarnos ¿cuáles son los motivos de esa supuesta enemistad, o mala voluntad? Sabiendo, por lo demás, que en tal consejo están los vocales que representan a las administraciones que promueven esta iniciativa.
Por otro lado, si no se percibe mala voluntad, o se demuestra lo contrario, cabría imaginar que lo que existe es una mala gestión. En este supuesto, hay que aclarar que las mismas personas y organismos -consejo de dirección y consejo de administración de la APLP- que deciden sobre la gestión del puerto de Arrecife también lo son y deciden sobre el resto de puertos de interés general de Las Palmas -provincia-, o sea, sobre el puerto de Las Palmas, Puerto de Arinaga, Puerto de Salinetas y puerto de Puerto del Rosario. Por tanto, presumiblemente, si son las mismas personas, también desarrollarían una mala gestión en el resto de puertos citados.
De dar por buena esta conjetura (demostrando con datos objetivos esa supuesta animadversión o mala gestión), lo que tendrían que plantear los promotores de esa propuesta es una revocación amplia de cargos responsables de tales organismos, ya que hablamos de gestión pública, asunto que nos debe interesar y preocupar a todos. Y no, plantear como solución, constituir otra autoridad portuaria. Un hecho que no garantizaría por sí mismo la solución de los supuestos problemas en la gestión del puerto de Arrecife. Garantizando tan sólo el aumento del gasto público derivado de la constitución de la nueva estructura directiva de dicho puerto -presidente, director y el resto de cargos directivos que así crean conveniente-. Además de posibles gastos derivados de los plenos del consejo de administración de la supuesta autoridad portuaria -en el caso de la APLP, unos 900 euros brutos a cada vocal por sesión, tan sólo por asistir a pleno o delegar su voto-. Por supuesto, un gasto público también innecesario, e injustificado.
Cabe comentar, por eso de intentar acabar con las gastos públicos innecesarios, que las administraciones públicas y agentes promotores que respaldan tal propuesta, también son los que en su día promovieron la construcción del muelle de cruceros en Arrecife, una inversión costosa y de poca rentabilidad para el puerto -un muelle para uso operativo tan sólo en temporada de cruceros-. Una iniciativa que se promovió argumentando que los cruceristas al llegar a muelle estuvieran más cerca de la ciudad. Una argumentación que a pocos años de construirse el muelle de cruceros ha quedado obsoleta. La mayoría de los cruceros siguen atracando en el muelle de Los Mármoles. También, vale la pena comentar, que parte de esos promotores -ayuntamiento de Puerto del Rosario y Cabildo de Fuerteventura- son los que promueven que se construya un puerto de interés general en la Hondura, a pocos kilómetros al norte de Puerto del Rosario, alegando que la actividad portuaria afea la ciudad de Puerto del Rosario. Una idea absurda que por el bien de la relación puerto y ciudad no debería propagarse. Una propuesta que de llevarse a cabo significaría dejar prácticamente obsoleto el actual muelle comercial del puerto de Puerto del Rosario, además de suponer una enorme inversión en gasto público por la construcción de un nuevo puerto -hoy por hoy- totalmente injustificado, según expectativas de crecimiento. Todo eso, sin contar el impacto ambiental y ecológico que supondría la ejecución del tal proyecto.
Apostemos pues por una planificación portuaria racional, por una amistosa y honesta cooperación entre agentes y administraciones públicas y por una gestión eficiente de los recursos. En este caso, los que gestionan la APLP. Y desconfiemos de propuestas desmesuradas de dudosa justificación.
