La Concejalía de Urbanismo de la capital grancanaria ha ordenado la demolición de una estación con tres antenas de telefonía móvil instalada en la azotea de un edificio de seis plantas de la calle Cebrián, número 49. La empresa Xfera Móviles S. L., que colocó los aparatos pese a serle denegada la licencia municipal, tiene ahora dos meses de plazo para derribar la estación.
La Concejalía que dirige Javier Doreste inició el expediente a raíz de una denuncia que interpusieron los vecinos. El servicio de Protección del Paisaje, dependiente de la Dirección General de Edificación y Actividades, emitió un informe técnico el 30 de septiembre del pasado año, en el que se advertía de que el dispositivo, que emite y recibe ondas electromagnéticas, se había colocado sin la preceptiva licencia urbanística. Según el citado informe, la instalación está compuesta por "equipos exteriores y un mástil metálico, de sección circular, de unos seis metros de altura, al que se adosan tres antenas de telefonía", sujetas mediante elementos metálicos a la caja de la escalera del edificio.
El departamento municipal se dirigió el pasado mes de marzo a la empresa, instando a su responsable, a legalizar las obras realizadas sin licencia y se le concedió trámite de audiencia. El pasado 20 de julio, se emitió un nuevo informe técnico en el que se constata que la empresa instaladora no había iniciado el proceso de legalización de la estación.
Protección del Paisaje comprobó entonces que el servicio municipal de Edificación y Actividades había denegado la licencia el 29 de junio de 2015, porque la estación de telefonía era "urbanísticamente incompatible", al encontrarse el edificio fuera de ordenación con "carácter grave".
Sanción
Una vez comprobada la imposibilidad de legalizar los artefactos, el Ayuntamiento ha dado dos meses a la empresa, desde que reciba la notificación, para demoler la estructura. La resolución advierte al instalador de las antenas que, en el caso, de no obedecer la orden municipal, se le impondrá una sanción, cuya cuantía no especifica.
La empresa tiene ahora un mes para presentar un recurso de reposición contra la orden en el Ayuntamiento y dos meses para recurrir la orden de derribo ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo de Las Palmas.
En el caso de que decida presentar un recurso de reposición, tiene un plazo de seis meses para recurrir en los tribunales, a partir de que sea rechazada por el gobierno municipal la primera reclamación.
