El gobierno tripartito aprobará hoy con carácter definitivo, en un pleno extraordinario y urgente, las bases que rigen la concesión de ayudas para pagar el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tras rechazar las alegaciones presentadas por los grupos de la oposición, que querían ampliar la cantidad de personas sin recursos que se podían beneficiar de las subvenciones y evitar, al mismo tiempo, que las reciban gente que no las necesita. El plazo para recibir las ayudas vence el 30 de septiembre y a principios de este mes sólo se habían acogido al descuento unas 6.000 personas de las 26.000 a las que según el gobierno de Augusto Hidalgo, puede llegar. Por otro lado, el gobierno municipal ha rechazado las reclamaciones de Ciudadanos y la asociación cívica El sol sale para todos y pagará a Emalsa 14,48 millones por el servicio de saneamiento. Este asunto también se aprueba en el pleno de hoy.

Uno de los elementos más criticados por el Partido Popular (PP), C's y Unidos por Gran Canaria (UxGC), en relación con la ayuda del IB I es que no se tenga en cuenta la renta familiar, junto al valor catastral, para evaluar la situación económica de los solicitantes. Cualquier persona que viva en una casa con un valor catastral inferior a 30.000 euros puede beneficiarse de la ayuda aunque cobre, por ejemplo, más de 36.000 euros al año. El valor catastral es el único indicador que se tiene en cuenta, además de ser beneficiario de una ayuda de emergencia o dependencia el pasado año o ser arrendatario de una vivienda pública, aunque en este último caso es el Gobierno canario el que debe pagar el IBI, como titular. De hecho, adeuda a la ciudad más de 10.000 euros por este concepto.

El único argumento que esgrime el gobierno de Hidalgo para rechazar la extensión de las ayudas a más beneficiarios es que las alegaciones realizadas "no se sostienen jurídicamente porque se ha cumplido con las leyes y reglamentos aplicables al efecto", a la hora de hacer las bases.

La directora general de la Asesoría Jurídica, Felicitas Benítez, considera que lo que plantea la oposición "son de oportunidad [sic] o político", por lo que "deben ser debatidas en la sede correspondiente".

El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, se preguntó ayer "cómo es posible que dejen fuera de estas ayudas as los perceptores de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), la ayuda social por excelencia en Canarias; o que dejen fuera a alguien que en agosto pasado recibió una ayuda de emergencia del propio Ayuntamiento. Es incomprensible". Entre las alegaciones presentadas por el PP que han sido rechazadas figura una que pide que se extiendan las ayudas a los beneficiarios de la PCI o a los que han recibido ayuda este año. Según Sabroso, el gobierno municipal "tiene que explicar por qué deja fuera de las ayudas" a estos ciudadanos. "Es muy difícil de entender que rechacen estas alegaciones. De hecho, en el expediente no hay explicación alguna del motivo por el que rechazan estas propuestas y se limita a decir que no es una cuestión legal sino de oportunidad". El concejal popular consideró que con la decisión del tripartito "se pierde la oportunidad de incluir a más personas que pueden necesitar esa ayuda". En la línea de lo manifestado por el PP , la portavoz de C's, Beatriz reclamó criticó también que no se tenga en cuenta la renta familiar, a la hora de adjudicar las ayudas".