Sercanarias, la compañía de los socios privados de Emalsa, lleva casi un año gestionando en precario el servicio de saneamiento, que le autoadjudicó a dedo en 2008 la empresa mixta del agua de la capital grancanaria. La concejala de Fomento y Servicios Públicos, Inmaculada Medina, no fue capaz ayer de dar una fecha aproximada en la que se convocará el concurso anunciado para gestionar el servicio de saneamiento, tras denunciar en diciembre pasado el contrato con Sercanarias. Los tres socios del gobierno tripartito aprobaron ayer, con el rechazo de la oposición, el pago de 14,4 millones de euros de la deuda que Emalsa reclama por el servicio de mantenimiento del alcantarillado que presuntamente prestó Sercanarias entre enero de 2013 y diciembre de 2015, un servicio cuyas supuestas irregularidades investiga el Juzgado de Instrucción número 6, entre otras atribuidas a Emalsa por la Fiscalía de Delitos Económicos. Tampoco aclaró Medina cuándo se renovarán los criterios que rigen el contrato de saneamiento firmado en 1998.
El gobierno que dirige el alcalde socialista, Augusto Hidalgo, se ampara para pagar los 14,4 millones de deuda en una sentencia que sólo le obliga a abonar 6,6 millones y que además no es firme, porque hay dos procedimientos judiciales abiertos sobre el tema, según advierte la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que ha ratificado el archivo de la querella contra el exinterventor de Emalsa, Rafael Bolívar.
La Audiencia ha desestimado el recurso presentado por Emalsa contra el archivo de la querella contra Bolívar, al considerar que los hechos que denuncia el exinterventor de Emalsa y exjefe de la Unidad Técnica del Agua están siendo investigados en sede judicial. "La entidad ahora querellante", dice la sentencia refiriéndose a Emalsa, "aparece como querellada, a raíz de una denuncia del ministerio público" y en dicho procedimiento penal, que lleva el Juzgado de Instrucción número 6, aclara, figura como perito el querellado Bolívar, en la linea de lo manifestado por la Fiscalía, que reprochó a la compañía mixta haber ocultado la condición del exinterventor para obstaculizar la investigación del fraude societario.
Delito societario
Además de este proceso penal, en el que están encausados 15 ejecutivos de Emalsa por un presunto delito societario, la magistrada Yolanda Alcázar recuerda que está abierto otro procedimiento en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, en relación con el acuerdo municipal de someter a Emalsa a una intervención administrativa. Después de considerar que Emalsa no ha aportado indicios que acrediten la presunta falsedad de las denuncias de Bolívar, la juez se remite a otra sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro, en la que "consta" que la negativa del Ayuntamiento a pagar las facturas es "la falta de certificación de los servicios prestados".
La investigación judicial sobre el cumplimiento del servicio de saneamiento sigue abierta, pero Emalsa podrá cobrar sin embargo la deuda del saneamiento de los tres últimos años, tras la aprobación del crédito en un pleno extraordinario y urgente, en medio de las críticas de la oposición, que reclamó en vano a Hidalgo el informe jurídico que avala el pago de dichas facturas. La luz verde al abono de la deuda se produjo tras rechazar las tres reclamaciones presentadas contra la aprobación inicial de la modificación de crédito por Ciudadanos; el secretario de este grupo político, Enrique Sánchez, a título particular, y la asociación cívica El sol sale para todos. Los tres solicitaron la nulidad del pago al considerar que el Ayuntamiento incurre en un presunto delito de prevaricación.
Tanto el concejal del Partido Popular (PP), Ángel Sabroso, como la portavoz de Ciudadanos, Beatriz Correas, criticaron que el tripartito vaya a pagar a Emalsa, más del doble de la cantidad que el juez le ordena pagar por el saneamiento, al tiempo que llamaron la atención sobre la gravedad de no recurrir dicho fallo. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro del pasado enero sólo obliga al Ayuntamiento a pagarle 6,6 millones, correspondientes al servicio prestado entre enero de 2013 y abril de 2014, más los intereses de demora. Escudándose en dicha sentencia, el tripartito ha aprobado pagar 14,48 millones, es decir las 36 facturas que reclama Emalsa desde enero de 2013 a diciembre de 2015.
Tras recordar que "un principio de cualquier responsable público es no pagar con dinero público aquel servicio que no se ha demostrado que se ha hecho", Sabroso insistió en que a Emalsa no se le pagó durante el mandato anterior porque "no justificó que había realizado los trabajos y así lo pusieron de manifiesto los funcionarios de la intervención. Ahora no sólo se van a pagar esas facturas, sino que además se van a pagar muchas más de las que una sentencia recoge. Hay que defender el interés ciudadano, el interés general, no el de una empresa privada".
Por su parte, Correas anunció su intención de llevar el expediente de la modificación de crédito a la Fiscalía de Delitos Económicos. "Cuando tú pagas algo que no está justificado dentro de la administración pública tiene un nombre, y eso es prevaricación".
También votó en contra del pago, la portavoz de Unidos por Gran Canaria (UxGC), Ángeles Batista, quien pidió a Hidalgo que "tenga el valor suficiente para acordar con Emalsa" un nuevo contrato de saneamiento.
Medina se defendió de las críticas asegurando que se decidió pagar el saneamiento de los años 2014 y 2015 por "recomendación de los servicios jurídicos del Ayuntamiento que nos dicen que no esperemos a que haya una denuncia" para evitar el pago de los intereses de demora, unos intereses que, según dijo después del pleno no está claro que los vaya a perdonar Emalsa. "Estamos intentando llegar a un acuerdo con Emalsa para no tener que pagar cerca de cinco millones en intereses de demora", sostuvo.
Preguntada sobre cuando se modificará el contrato de saneamiento, Medina se limitó a decir que "habrá que esperar a que se cierre toda la negociación porque esto no es la ley de la imposición. Vamos a dialogarlo y a llegar a un acuerdo. El alcalde y presidente de Emalsa y el consejo de administración ya han acordado que no quieren que se presente Sercanarias. Hay que ver como se hace para que no le suponga a la ciudad una carga económica más ".
