La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha decidido remitir la denuncia de Ciudadanos (C's), sobre supuestas irregularidades en la gestión de Sercanarias al Juzgado de Instrucción número 6, que investiga desde hace más de dos años a 15 ejecutivos y técnicos de Emalsa por un presunto delito societario.
El Ministerio Público incoó diligencias de investigación tras entregarle la concejala de Ciudadanos, Beatriz Correas, el pasado 22 de febrero, un amplio informe de 400 páginas en el que se denuncian una serie de presuntas irregularidades relacionadas con la gestión del servicio de saneamiento por parte de Sercanarias, la compañía de los socios privados de la empresa mixta Emalsa, Saur y Valoriza.
Sercanarias gestiona la limpieza del alcantarillado, desde que Emalsa se lo adjudicó a dedo en 2008. El fiscal, al considerar que buena parte de las denuncias efectuadas, entre ellas el carpetazo a la intervención administrativa de la compañía, ya habían sido denunciadas por el anterior exalcalde, Juan José Cardona, y por la Fiscalía de Delitos Económicos, ha decidido archivar las diligencias y remitir la denuncia al Juzgado de Instrucción número 6, para que se incorpore al procedimiento abierto que investiga esas supuestas ilegalidades.
En la denuncia de C's se hace referencia a una serie de irregularidades que arrancan, a su juicio, desde que el 66% de las acciones de la empresa del agua pasó a manos privadas en 1992. El informe hace referencia también a las "irregularidades detectadas" en la ejecución del contrato de saneamiento suscrito en 1998 entre el Consistorio y Emalsa y también las relacionadas con el contrato de arrendamiento firmado con Satocan por las oficinas de la actual sede de Emalsa, cuyo desorbitado alquiler también investiga el Juzgado de Instrucción, número 6.
También se aportan todos los informes realizados por el exinterventor de la compañía, Rafael Bolívar, hasta que el actual gobierno municipal le dio carpetazo a este procedimiento administrativo y envió al también exjefe de la Unidad Técnica del Agua a otro departamento municipal.
Correas está barajando también la posibilidad de denunciar en la Fiscalía, la reciente aprobación de una modificación de crédito por parte del gobierno tripartito para pagar 14,4 millones a Emalsa por el servicio de saneamiento supuestamente prestado entre enero de 2013 y diciembre de 2015.
La concejal se pregunta por qué ninguna corporación ha denunciado el contrato de saneamiento firmado por el exalcalde popular José Manuel Soria en 1998. El contrato establece que hay que pagar una determinada cantidad fija a Emalsa cada año por la prestación del servicio y sólo exige como contrapartida la facturación de un determinado número de metros cúbicos al año. Correas indica también que el contrato contempla la presentación, por parte de Emalsa, de los servicios prestados y se pregunta: "¿Qué se entiende por certificar un servicio? ¿Simplemente presentar una factura?".
