El concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega, consideró ayer "gravísimas" las "amenazas veladas" lanzadas a los técnicos municipales por parte del grupo Ralons, que preside Miguel Ángel Ramírez, a cuenta del concurso del servicio de atención a domicilio, de 34, 4 millones de euros -el más cuantioso de los que otorga el Ayuntamiento-, y que acaba de perder esta empresa, al obtener la máxima puntuación el grupo Clece. Ralons, que ha solicitado los nombres de quienes votaron en contra de su oferta para emprender acciones legales por supuesta prevaricación, ha anunciado también que impugnará la adjudicación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma, al considerar que la empresa ganadora ha ofrecido unas mejoras "desproporcionadas".
En caso de que este Tribunal admita el recurso, se paralizará el proceso de adjudicación durante un máximo de dos meses, lo que permitirá a Ralons seguir durante ese tiempo al frente de la concesión, que ya gestiona en precario y fuera de plazo desde hace más de siete meses, por el retraso del concurso.
Ortega considera grave la solicitud, por parte de Ralons, de los nombres de los técnicos y los políticos que decantaron la elección de Clece para el servicio, en su detrimento. "Me parece gravísimo y escandaloso que se utilicen algunos medios para amenazar a los técnicos. Se trata de una amenaza velada, no tengo duda, pero como aquí tenemos la certeza de que se ha actuado bien, tenemos total tranquilidad, pero lo que no me deja de sorprender es que se dediquen a amenazar a nuestros técnicos, que se limitan a hacer su trabajo", sostuvo el responsable de los servicios sociales de la capital, quien resaltó, al mismo tiempo, que el grupo Ralons tiene todo su derecho a recurrir la adjudicación si se considera perjudicado. "Todo el que se sienta afectado puede recurrir al organismo que crea conveniente. Ni estoy disgustado ni es algo que me quita el sueño", sostuvo Ortega, quien dio por cerrado el proceso de adjudicación, "en lo que a nosotros nos compete".
Respecto al anunciado recurso de Ralons, se limitó a decir que serán otras administraciones las que "decidan lo que tengan que decidir". "No suelo hacer caso a todo lo que se dice, porque están todo el día acusándonos de diversas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. No me preocupa. Que recurran y ya nos dirán nuestros técnicos lo que se debe hacer", explicó Ortega que volvió a respaldar la legalidad de todo el proceso de adjudicación del servicio de atención a domicilio. "Todo lo que se ha hecho, desde el lado técnico y desde el lado político es lo más correcto que se ha podido hacer en beneficio de los ciudadanos de Las Palmas", garantizó el concejal.
El contrato de ayuda a domicilio fue convocado el pasado febrero y concurrieron nueve empresas a la licitación. De ellas, fue Clece la que obtuvo una mayor puntuación. Ralons y otras dos compañías presentaron alegaciones que fueron desestimadas. Para Miguel Ángel Ramírez, la filial de ACS presentó una "baja temeraria" al ofrecer 100.000 horas de más y tres limpiezas de choque a los usuarios. Sin embargo, los técnicos han rechazado sus alegaciones y el pasado martes, tras salvar un último trámite solicitado por Contratación, la junta de gobierno adjudicó los trabajos a Clece. El proceso ahora estará pendiente del recurso de Ralons ante el Tribunal de Contratos.
