El alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, anunció ayer un incremento de las tarifas del agua, que se producirá a lo largo del próximo año. Hidalgo manifestó que la actualización se está todavía perfilando y aseguró que el peso de la subida afectará al 20% de los usuarios que más consumen. Añadió que habrá abonados, los que consumeno muy poco, para los que la reestructuración tarifaria supondrá incluso una bajada. El regidor anunció también la aprobación de una nueva ordenanza que contemplan sanciones para aquellas empresas que vierten de manera incontrolada productos contaminantes a la red de alcantarillado.
También se modificará, anunció, el contrato de saneamiento, para establecer medidas de control y sanciones en el caso de incumplimientos del servicio por parte de Emalsa.
Esta adecuación normativa y tarifaria del servicio de aguas que se presta a los ciudadanos inicia a partir de ahora un recorrido administrativo de varios meses de duración en el que se actualizarán reglamentos y ordenanzas obsoletas y se introducirán otras nuevas. Durante este periodo de reformulación del servicio, se invitará a participar a todas las partes implicadas en un proceso de diálogo y negociación.
El alcalde Hidalgo explicó que la radiografía actual del Ciclo Integral del Agua de la ciudad se encuentra en una "situación muy difícil". El regidor recordó que la ciudad lleva siete años sin una nueva inversión en infraestructuras hidráulicas, y es la única de las grandes ciudades de España sin un reglamento de vertidos lo que impide aplicar elementos de control y penalización de los vertidos a la red pública. El sistema de depuración de aguas del municipio está "al límite" al haber pasado de siete millones a más de 15 millones de metros cúbicos al año, sin el necesario incremento de plantas para depurar. El mismo problema refleja este servicio en el área de alcantarillado ya que, de los 350 kilómetros de la red que existían en 1998, cuando se firmó el contrato de saneamiento en vigor, hemos pasado a cerca de 1.000 kilómetros en la actualidad.
Ante este escenario, el Gobierno municipal se plantea actuar en dos vertientes: la normativa y la tarifaria. En el marco normativo, el Ciclo Integral del Agua está regulado actualmente por un reglamento de abastecimiento de 1981, y dos ordenanzas que no se actualizan desde hace seis años. Esta estructura normativa es insuficiente para cumplir con las estrictas directrices de la UE en materia medioambiental que aplican la máxima de 'el que contamina, paga' y 'el que más gasta es el que más paga'. Para actualizar esta estructura normativa obsoleta se van a incorporar a los ya existentes un nuevo reglamento de vertidos, y dos ordenanzas fiscales nuevas, la de depuración y la de alcantarillado.
El reglamento de vertidos, explicó Hidalgo, es fundamental para controlar los vertidos incontrolados a la red pública de algunos consumidores. Estos consumidores vierten el agua usada, sin pagar nada, a la red pública cuyo mantenimiento se sufraga exclusivamente con los recibos que sí abonan el resto de ciudadanos del municipio. Con el nuevo reglamento se obligará a estos grandes consumidores a pagar por ese uso y además servirá para controlar y sancionar posibles vertidos contaminantes que actualmente no se pueden fiscalizar.
En el aspecto fiscal, la modernización del Ciclo Integral del Agua conlleva el ajuste de una tarifa que también se adecúa a los tres principios básicos diseñados para la modernización del servicio: será una tarifa más justa socialmente, con un claro compromiso medioambiental y dará cumplimiento a una obligación legal.
El regidor capitalino aseguró que la nueva tarifa, cuyo horizonte es el año 2017, es socialmente más justa porque van a pagar más los que más consumen y en muchos casos se va a reconocer el esfuerzo de los ahorradores con una reducción del recibo. Esto se consigue disminuyendo los costes del agua suprimiendo la cuota mínima actual, fijada en 13 euros, una cantidad que deben pagar todos los abonados aunque no abran el grifo del agua en meses. Sólo con la eliminación de ese mínimo, la cuota que se paga por el consumo de agua para uso doméstico se reduce para el 80% de los actuales abonados de la ciudad.
La tasa de depuración se adecúa así mismo al caudal actual que se trata en las plantas especializadas con el fin de lograr el objetivo primordial de "vertido cero" al mar. Además, una depuración completa y eficaz de las aguas usadas garantiza un tratamiento de estas más sostenible medioambientalmente y menos contaminante en aspectos fundamentales como los malos olores que ahora son frecuentes. La inclusión de esta tasa al recibo del agua supondrá la reducción de hasta 2,5 euros mensuales a la mitad de los abonados de la ciudad y leves repuntes al resto dependiendo de la cantidad de agua consumida.
Finalmente, a este proceso de adecuación, se añade un nuevo servicio de alcantarillado. A pesar de incorporar este servicio de manera novedosa, los recibos finales de los abonados seguirán reflejando una bajada de la tarifa en, al menos, el 15% de los clientes.
Este incremento tarifario para los grandes consumidores no afectará, sin embargo, a las familias numerosas con pocos recursos que viven bajo el mismo techo, ya que para ellos Emalsa ya aplica un sistema tarifario especial que permite consumos más amplios a precios reducidos. Además, aquellos hogares sin ingresos o con serias necesidades económicas, no pagarán nada por sus consumos de agua ya que para ellos, y gracias a esta actualización presentada hoy, se va a implantar un nuevo Bono Social del Agua que espera garantizar la gratuidad del recibo del agua a más de 5.000 familias de Las Palmas de Gran Canaria.
La nueva estructura tarifaria permitirá hacer frente a los elevados costes de mantenimiento de infraestructuras básicas de saneamiento y alcantarillado, y además proporcionará fondos para poner en marcha el Bono Social del Agua (dotado con 500.000 euros), procurará 1,5 millones de euros más cada año para ejecutar un plan de inversiones en infraestructuras hidráulicas, y se podrá también crear nuevos equipos de limpieza, inspección y emergencias para el alcantarillado de la ciudad con la contratación de 30 empleados más para este fin.
Por último, la reestructuración y modernización del Ciclo Integral del Agua permitirá también la implementación de mecanismos de control y penalización tanto para los usuarios que incumplan con las normas de carácter medioambiental, como para la propia concesionaria del servicio municipal de aguas en caso de incumplimiento de los contratos, saneamiento y depuración que tiene adjudicados.
