Un reguero permanente de gente sube y baja por las rajadas y oscuras escaleras de los apartamentos Astoria, situados en la confluencia de las calles Fernando Guanarteme, Pelayo y El Cid. Da igual que sea de día o de noche, el trasiego es constante, pero la mayoría no vive allí. Son clientes en busca de crack, cocaína y otras drogas y también de sexo de pago. Pero sobre todo transitan por las escaleras de manera permanente, siempre alerta, los correos, los peones que hacen que el trapicheo funcione, llevando a los usuarios a los al menos seis puntos de ventas de droga que hay localizados en el edificio y también para vigilar elementos extraños. Desde que pones el pie en el zaguán del edificio, al menos una o dos personas vigilan tus pasos y lo mismo ocurre en todas y cada una de las plantas, salvo el ático, que ha sido comprado y rehabilitado por nuevos propietarios. Los correos no viven el inmueble, sólo trabajan para que el negocio fluya. La mayoría opta por subir a pie, porque dos de los tres ascensores están rotos. El aspecto del único elevador que funciona tampoco da mucha confianza, así que la mayoría sube a pie por un edifico que pide a gritos una rehabilitación y se mantiene en pie de milagro.
Cristales rotos a puñetazos, ventanas sin dinteles de madera, porque un día fueron arrancados de cuajo para emplearlos como arietes en una pelea; paredes desconchadas y llenas de humedad; escalones destrozados porque un día fueron arrancados y usados como munición. Los patios estrechos y oscuros ofrecen un paisaje degradado lleno de ropa tendida, cables y arretrancos -y también una colección de bicicletas extrañamente flamantes-. Por ellos se cuela el olor dulzón a mezcla de comidas de varios mundos. Un hombre africano sube por la escalera con un caldero lleno de comida. En la primera planta hay una especie de comedor. El hacinamiento es común a la mayoría de los cuchitriles y en uno de ellos vive una persona con síndrome de Diógenes. Los cerca de cien apartamentos que en su día tenían una superficie de 75 metros cuadrados se han convertido en más de 200 cuchitriles de 25 metros cuadrados. En algunos de ellos, convertidos en lo que se denominan apartamentos patera pueden vivir hasta más de seis personas, niños incluidos, que se han acostumbrado a sobrevivir en medio de personas conflictivas, donde las peleas y las agresiones verbales son el pan de cada día.
"En el edificio conviven personas conflictivas y de mal vivir con buena gente y personas mayores, que tienen que aguantar las peleas diarias y hasta tienen que pedir permiso, para poder entrar a sus viviendas, a gente que viene de fuera a consumir drogas a las escaleras de su casa. A veces se quedan dormidos por los pasillos", explica el presidente de la junta rectora de la comunidad de propietarios del edificio, que ha decidido encarar de frente el problema y denunciar ante la justicia a los propietarios que permiten que se venda drogas en sus apartamentos, que son los mismos que mantienen una deuda con la comunidad que supera los 230.000 euros. Son aproximadamente unos 20 propietarios -el 30% del total de dueños- que acumulan más de cuarenta apartamentos, porque sólo uno de ellos es dueño de 12. Nunca han pagado gastos de comunidad.
El que fuera un moderno edificio de apartamentos en la década de los sesenta del siglo pasado se ha convertido a lo largo de los últimos treinta años en el gran gueto de Guanarteme, a medida que el turismo de la capital grancanaria tomaba el camino del Sur. La mayoría de los inquilinos son africanos, de países subsaharianos y del Magreb , pero también hay canarios. Según la junta de propietarios, son los canarios los que ejercen las actividades delictivas, porque la mayoría de los subsaharianos "viven aquí porque los precios son baratos y se dedican a vender en los mercadillos del Sur y a quitar las piezas de electrodomésticos, que luego venden en África. Son mercaderes". Los apartamentos se alquilan por precios que oscilan entre 150 y 300 euros y se están vendiendo por 30.000 euros.
"La situación está muy mal, como de costumbre", se queja otro propietarios de dos apartamentos, que resume lo que hay de esta manera: "Lo que pasa es el resultado de la despreocupación de todas las administraciones. Lo que está ocurriendo aquí desde hace muchísimos años es el desprecio total de las personas, porque no se puede permitir un gueto como éste en el que impera una ley muy especial, la ley de la selva. En medio de una zona plenamente turística, han permitido que prolifere un foco de marginalidad, donde ni siquiera la policía es capaz de entrar y cuando lo hace detiene a los delincuentes, que van a la cárcel unos meses y vuelven al mismo sitio. Dejas de ver a uno durante unos meses y vuelves a ver al otro... Se sientan en las escaleras a consumir la droga dentro del edificio y lo que yo no me explico es por qué si se hacen tantas operaciones antidroga y a veces caen grandes narcotraficantes, por qué no cae la venta en este edificio; por qué escapa a todo tipo de control. Probablemente ocurre, porque es un conflicto que no interesa resolver".
La denuncia de este propietario obligó al Ayuntamiento a realizar una inspección del edificio en 2012, a consecuencia de la cual se abrieron varios expedientes sancionadores por obras ilegales. Se obligó además a retirar las rejas que algunos vecinos habían puesto en los pasillos que daban a sus casas, como medida de seguridad y para impedir que se metieran los drogodependientes. Muchos de los expedientes abiertos en su día se quedaron en un cajón, algo que se puso de manifiesto cuando el edificio sufrió un incendio en 2014.
El actual concejal de Urbanismo, Javier Doreste, ha informado de que se han abierto en los últimas semanas varios expedientes sancionadores, pero tanto él como el concejal del distrito, Sergio Millares, señalan que son los propietarios del edificio los que tienen que acabar con la situación denunciando a los que permiten actividades ilegales. "El Ayuntamiento está dispuesto a colaborar y apoyarlos, pero los que tienen que denunciar son ellos", advierte Millares. El presidente de la comunidad reconoce que "los máximos responsables de lo que está pasando aquí somos los propietarios, los que tiene alquilado los apartamentos a gente que saben que vende droga y el resto, por no hacer nada para evitarlo". Pero los nuevos propietarios que han adquirido apartamentos en los últimos años han decidido acabar con la situación. Han empezado contratando a un portero de noche para acabar con las escandaleras, al menos entre las 10 y las ocho de la noche.
También han puesto una puerta nueva, que fue reventada la primera noche. "Hace un par de días", recuerda, "uno de los porteros presentó una denuncia, tras ser agredido y yo, como presidente, he puesto otra por los daños a la puerta del edificio. Una persona ajena al edificio que no podía entra rompió el cristal, la cerradura y el mecanismo de cierre. Ya ha sido detenido en varias ocasiones y puesto en libertad. Entendemos el enfado de algunos vecinos, porque parece que la justicia protege al delincuente". Otro gran problema de la comunidad radica en conseguir que los jueces emitan órdenes de embargo contra los morosos. "La mayoría se declaran insolventes, pero los inspectores de Hacienda deberían pasarse por aquí, porque seguro que no declaran por los alquileres". Además de las inspecciones de Hacienda, la comunidad reclama inspecciones urbanísticas, de salubridad y sanciones a los dueños de los "apartamentos conflictivos". "Queremos que se enteren de que vamos a por ellos, que la permisividad que había antes se va a acabar y que vamos a poner todos los medios que tengamos a nuestro alcance para terminar con estas actividades y rehabilitar el edificio", advierte la comunidad, que se ofrece a buscar "buenos inquilinos" a los que echen a los traficantes.
