La Concejalía de Urbanismo de la capital grancanaria ha ofrecido suelo urbanizado en Tamaraceite a la promotora de las torres del Canódromo, a cambio de que Realia derribe el polémico edificio y permita al Ayuntamiento hacer un parque en la zona, algo que estaba previsto inicialmente antes de que el Partido Popular planteara la polémica operación urbanística, que rechazan los vecinos. Así lo aseguró ayer el responsable de Urbanismo, Javier Doreste, quien destacó que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que legaliza la actuación urbanística del Canódromo y permite a Realia retomar las obras, exime al Ayuntamiento de tener que pagarle una indemnización millonaria.
Tanto Doreste como la edil de Fomento, Inmaculada Medina, se congratularon del alivio económico que ello le supone al Ayuntamiento, si bien ambos coincidieron a la hora de expresar su rechazo a la construcción de las torres. "Como schamanera que soy, sigo estando en contra de ese mamotreto horroroso, que quita visibilidad y no pinta nada en esa zona de la ciudad, sostuvo Medina.
Doreste insistió en que el tripartito "respetará la legalidad escrupulosamente aunque no me gusten las torres". Añadió que el Ayuntamiento no va a recurrir la sentencia que rechaza un recurso del a Asociación de Vecinos Avecalta, porque "sería una aberración que el Ayuntamiento recurra una sentencia a su favor. Esta sentencia legaliza la situación y cierra el camino a las indemnizaciones a los promotores, al considerar que no hubo desvío de poder. Podría haber pedido una indemnización si no hubiera podido terminar el edificio, pero ahora lo pueden terminar".
Sin embargo, el tripartito está buscando una fórmula para que Realia renuncie a las dos torres -una de ellas tiene ya levantada su estructura- de 14 plantas y 120 casas, a través de la compensación con otro suelo urbano en Tamaraceite Sur. "Se ofreció hace poco tiempo, de manera informal, esa posibilidad, que sería beneficiosa para la ciudad porque cerraríamos un capítulo doloroso, sin coste para el erario público. Realia no ha contestado y estamos buscando interlocutores para alcanzar un acuerdo. Habría que hacer valoraciones y después empezar a negociar. El Ayuntamiento haría el edificio público de baja altura que estaba previsto, dejaría el espacio libre y la otra torre se derribaría. La demolición la pagaría el promotor", dijo Doreste
Recordó que queda pendiente una sentencia sobre la caducidad de la licencia de Realia y en relación con el recurso de la resolución del Supremo de 2014 que anula el plan general de 200 que contemplaba el Canódromo. Aunque el fallo fuera diferente, destacó, no afectaría a la construcción de las torres. "A mí no me gustan las torres y hemos acompañado a los vecinos cuando estábamos en la oposición y ahora que estamos en el gobierno. Ni a mí ni a este gobierno municipal , pero lo que no vamos a hacer es prevaricar o meter al Ayuntamiento en un pleito que al final le costaría dinero a la ciudadanía. Entre 2016 y 2019 tenemos que pagar 15 millones cada año para pagar sentencias perjudiciales para el Ayuntamiento por decisiones políticas de los gobiernos de Soria y de Pepa Luzardo".
Por su parte, el Partido Popular resaltó ayer que el TSJC reconoce la "legalidad y buena praxis de la corporación municipal cuando incorporó la edificación torres del Canódromo" al Plan General de 2012. El PP consideró que esta sentencia es "una buena noticia" para la ciudad, ya que por un lado confirma la legalidad y la correcta tramitación y gestión del Plan Especial del Canódromo, con el que Ciudad Alta "ganó un importante pulmón verde para los barrios de la zona y por otro, defiende el interés general de la ciudad, al evitar que el Ayuntamiento tenga que pagar indemnizaciones".
