La Asociación de Trabajadores Autónomos de Autotaxis (ATAT) y las cooperativas de Las Palmas y de San Cristóbal se han personado ante el juez en defensa de las nuevas tarifas que ha aprobado el Ayuntamiento de la capital grancanaria, frente al recurso presentado por la Asociación pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias (Asprotac), que ha pedido la suspensión urgente de la aplicación de los nuevos precios.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 rechazó ayer la adopción de una medida cautelar urgente solicitada por Asprotac y le ha dado un plazo de diez días al Ayuntamiento para que exponga sus argumentos en torno a la demanda para decidir si suspende o no los nuevos precios, que aún no han entrado en vigor.
Asprotac impugnó el acuerdo del pleno del pasado 30 de septiembre, por el que la ciudad se suma a la unificación de las tarifas urbanas de la Isla, al considerar que su tramitación ha estado llena de "irregularidades". Entienden que el "incremento tarifario" va a suponer "un descenso en la demanda del taxi", lo que ocasionará la "pérdida de puestos de trabajo". Además acusan al Ayuntamiento de renunciar a su potestad para subir las tarifas, al aceptar la propuesta de unificación del Gobierno canario y critican que no haya convocado al sector antes de adoptar la medida.
El recurso de Asprotac fue rechazado ayer por el presidente de la ATAT y de la Confederación Regional del Taxi, Francisco Reyes, que aseguró que ha sido el sector del taxi el que asumió y respaldó desde que lo propuso el Gobierno regional la unificación de las tarifas. Según Reyes, las nuevas tarifas no suponen en la práctica una subida de los precios, salvo en los recorridos de menos de un kilómetro. Añadió que el acuerdo del Ayuntamiento es respaldado por el 90% de autónomos a los que, asegura, representan la ATAT y las dos cooperativas de taxistas.
Según Reyes, el recurso de Asprotac sólo ha sido respaldado por cien titulares de licencias y "ha causado un gran malestar en el resto del sector, que quiere que se apliquen ya las nuevas tarifas. Los argumentos que plantea Asprotac son ridículos e inciertos, porque es la ley la que obliga a los ayuntamientos aprobar sus propias tarifas".
