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Vecinos de Triana denuncian al fiscal la demolición de dos casas en Cano

Acusan al Ayuntamiento de atentar contra el patrimonio por autorizar el derribo y permitir la unión de las dos parcelas

Las dos casas de la calle Cano, rodeadas por una valla, días antes de ser demolidas. JUAN CARLOS CASTRO

La asociación de vecinos Triana-San Telmo y la Asociación por la Defensa del Patrimonio Histórico de Canarias (Depaca) denunciaron el pasado jueves en la Fiscalía de Las Palmas el derribo de dos casas antiguas en la calle Cano, números 13 y 15, para que investigue si el Ayuntamiento de la capital grancanaria ha cometido un delito contra el patrimonio histórico español. Los presidentes de ambas asociaciones, Pepa Sánchez y Rafael Guerra, acusan al Ayuntamiento de autorizar la demolición, pese a encontrarse suspendidas las licencias de obras en el casco histórico desde el pasado 4 de julio, por la reforma del Plan de Protección de Vegueta Triana. También han denunciado ambos colectivos que el Ayuntamiento "ha autorizado la unión de las dos parcelas para la edificación de un solo edificio", a través de una resolución de la directora general de Edificación y Actividades, Carmen Nieves Martín, del pasado 17 de agosto.

Según los denunciantes, la Ley estatal de Patrimonio Histórico prohibe la agregación de parcelas en los conjuntos históricos que han sido declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Consideran que aunque las casas, documentadas en el siglo XVII, no están protegidas, no se pueden derribar porque forman parte del BIC de Triana.

Añaden que el 33% de las viviendas de la calle Cano están catalogadas y denuncian que el derribo de las dos casas "ha alterado la arquitectura urbana y arquitectónica" de la vía. Según Sánchez, la ley impide demoler un inmueble sin la declaración previa de ruina.

Además de incumplir los artículos 20.3, 9.1, 15.3, 21.3 y 24.2 de la Ley estatal de Patrimonio, los denunciantes entienden que se ha vulnerado también los artículos 29 y 35 de la Ley canaria de Patrimonio. Tras indicar que el artículo 46 de la Constitución española obliga a los ayuntamientos a enriquecer y conservar el patrimonio, Sánchez y Guerra critican que el derribo de las casas de Cano "ha sido posible con las firmas de informes favorables de funcionarios y técnicos municipales, así como con la permisividad y conocimiento de los políticos del servicio".

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