El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tenía ayer una importancia vital para el Puerto de La Luz. Se decidía si se realizaba una aportación extraordinaria a la Zona Franca para evitar así cerrar el año en números rojos, que conllevaría la disolución del Consorcio formado por el Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Agüimes. Finalmente, el pleno aprobó una ayuda de 60.000 euros que evitó el cierre.
Según explicó el alcalde y presidente del consorcio, Augusto Hidalgo, la apurada situación de la Zona Franca deriva de la orden de Puertos del Estado a la Luz para que suspendiera las ayudas que le venía concediendo anualmente a la entidad ya que, al contrario de lo que sucede con el resto de zonas francas españolas, no es capaz de autofinanciarse. Debido a ello, la Zona Franca ha dejado de percibir 150.000 euros. "El Gobierno canario le ha dado una cantidad extraordinaria, pero el desfase a mediados de este año era de 58.000 euros y la estructura de la Zona Franca no le permite pagar el sueldo de sus tres trabajadores. La situación es tan grave, que o aportamos este dinero o la estructura desaparece. Ahora tenemos que discutir si seguimos manteniendo la Zona Franca o la hacemos desaparece en el futuro", sostuvo Hidalgo, que planteó la posibilidad de que se vaya a la venta de suelo para obtener recursos.
Por su parte, el vicepresidente del consorcio, Antonio Vera, mostró su satisfacción por la aprobación de la aportación monetaria. "Creo que se pone de manifiesto el compromiso de todas las instituciones públicas que forman parte de la Zona Franca para convertirla en una zona de éxito".
Asimismo, el gerente, Pedro Ferrer, apuntó que la disolución hubiese supuesto un varapalo para grandes empresas que están situados en este espacio como Oryx y otras que se encuentran en Arinaga, como Petrosigma y Otech y Satocan.
