El Juzgado de Primera Instancia número 13 dejó visto ayer para informe y sentencia un juicio contra el concejal Jacinto Ortega por la supuesta vulneración del honor del empresario Miguel Ángel Ramírez, propietario del Grupo Ralons y presidente de la UD Las Palmas. Ramírez reclama 60.000 euros al edil de Cohesión Social de la capital grancanaria por llamarlo "corruptor" en una rueda de prensa, entre otras alusiones a las presuntas aportaciones que el empresario hace a los partidos políticos y determinadas amistades que al parecer tiene en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El abogado de Ramírez, Mario Ghosn, sostiene que las insinuaciones vertidas en la rueda de prensa son falsas y forman parte de una campaña más amplia para desprestigiar la buena labor social del empresario. Ortega hizo esas manifestaciones cuando era delegado de Intersindical Canaria, poco antes de ser elegido concejal, aunque Ghosn presentó un amplio dossier de prensa para tratar de acreditar que el conflicto persiste hasta la fecha, incluso lo relaciona con un concurso de ayuda a domicilio que ha perdido recientemente Ralons en favor de Clece.
El letrado, para acreditar el honor mancillado de su cliente, presentó recortes con la noticias de los méritos cosechados por Ramírez en los último años, desde distinciones de la Policía o el Ejército hasta donaciones a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Asociación de Esclerosis Múltiple, entre otras contribuciones como el apoyo a los programas de reinserción penitenciarios.
El abogado del concejal, Diego León, no se opuso a la documental, pero replicó que la prueba practicada era más propia de un trámite para reconocer al "hijo predilecto" de la ciudad, en vez de centrarse en la demanda de protección del derecho al honor que es objeto de juicio.
León rechazó un acuerdo con el empresario al negar que las manifestaciones de Ortega fueran calumniosas e injuriosas, sino que están amparadas en el ejercicio de la actividad sindical y la libertad de expresión, además de verse reflejadas en la investigación por fraude fiscal que afronta Seguridad Integral Canaria y en los juicios a esa empresa por vulnerar los derechos de sus trabajadores. Añade que no hay daño porque la rueda de prensa no fue difundida por los medios comunicación.
Tanto Mario Ghosn como Diego León pidieron ayer el interrogatorio del edil, pero el juez lo denegó al considerarlo innecesario: sólo va a analizar si las frases de Ortega están amparadas o no por la libertad de expresión y por la actividad sindical. El juez le ha traslado al fiscal para que fije su postura. Ramírez, si gana el pleito, se ha comprometido a entregar la indemnización a Cáritas y San Juan de Díos.
