El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, mostró ayer su apoyo a que sea el Estado quien asuma el coste del soterramiento de la Avenida Marítima para así solucionar los problemas de tráfico que existen en la entrada y salida al Puerto. El Cabildo de Gran Canaria, en el último pleno, ya aprobó por unanimidad instar a Madrid a que incluya esta actuación en el convenio de carreteras 2017-2031, en los tramos entre Torre Las Palmas y la rotonda de Belén María.
Para Doreste, "tiene que ser el Estado quien asuma la totalidad de esta obra", que, en su opinión, aliviaría el problema actual aunque no lo erradicaría del todo. Por ello, recalcó que la apuesta estratégica del Ayuntamiento "sigue siendo el transporte público" con la MetroGuagua, "no por capricho sino porque todas las experiencias de soterramiento lo único que han conseguido es trasladar el atasco bajo tierra". El edil apuntó que la principal prioridad es solucionar los atascos que se generan en torno a la salida y entrada de Julio Luengo desde la Avenida Marítima. El otro punto que también afecta a esta vía es la glorieta de Belén María.
Estas dos actuaciones, que junto a la que se prevé en la plaza de América conllevarían una inversión superior a los 38 millones de euros, ya han sido incluidas en la petición formulada por la administración insular al Gobierno de Canarias para que se incluyan en el citado convenio. A estas se incorporó en el último pleno insular el hundimiento de la Avenida Marítima.
El vicepresidente primero y consejero de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes del Cabildo Insular, Ángel Víctor Torres, declaró que aún no se ha elaborado ningún proyecto en torno a la posible actuaciones que llevaría a depreciar esta vía ya que están a la espera de la reunión entre el Ejecutivo regional y el recientemente nombrado ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, para hacerle llegar esta petición.
Así, Torres comentó que existe "un estudio de viabilidad dentro del plan insular de ordenación" que recoge esta infraestructura, que, reconoció, tendría un alto coste debido a su dimensión y que además sería acometida en varias fases. "Estamos en disposición de ir caminando en los próximos meses para llevar adelante los primeros procedimientos técnicos si Madrid nos dice que es posible esta obra; si tuviera un marco presupuestario que lo pudiera habilitar todo iría más rápido", aseguró.
Entre tanto, la Asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxis de Canarias (Atlatc) se unió ayer a la petición de las diferentes asociaciones y federaciones sectoriales del Puerto, que solicitaron buscar soluciones a las retenciones. "Queremos mostrar nuestra preocupación y pérdidas económicas que padecemos con las inmensas retenciones en la Avenida Marítima que a diario se producen entre la rotonda Belén María y la cremallera de Las Alcaravaneras para acceder a la calle León y Castillo y el túnel de Julio Luengo", afirmó la asociación presidida por Antonio León en un comunicado.
En el escrito se señala que a pesar de la existencia de un carril bus-taxis en las calles Juan Rejón y Albareda como posibles vías de ahogo, "nunca podremos desempeñar nuestro trabajo con la fluidez necesaria que se merecen los usuarios a la hora de prestar un servicio público eficaz".
Medidas para agilizar el tráfico
Atlact propone algunas alternativas para agilizar el tráfico en el istmo de la capital grancanaria, como el aumento de efectivos policiales en horas puntas o la habilitación de un carril por el interior del recinto portuario en determinadas horas. Estas medidas "tendrían que ser temas que ya deben estar planeados y más que estudiados por parte del consistorio capitalino". Para los taxistas, en Ayuntamiento existe una "ausencia de voluntad política en solucionar este importantísimo tema de movilidad y que a su vez es de seguridad para la zona del Puerto en caso de emergencia".
De esta forma se suman a las quejas de la Federación Canaria de Operadores Logísticos (Fecol), la Asociación Canaria de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas (Asocelpa), la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport) y la Asociación de Reparadores Navales (ARN).
