La capital grancanaria tiene de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para adaptar el 5% de los 1.636 vehículos de la flota de taxis a las personas con movilidad reducida (PMR). Esto significa que el municipio debe tener en circulación un total de 81 taxis PMR, pero en la actualidad sólo hay 21 adaptados a este tipo de usuarios, por lo que habrá que incorporar unos 60 vehículos más antes de que acabe el año. Así lo establece la normativa europea y la regional, cuyo objetivo es garantizar la movilidad y eliminar las barreras en el transporte público.
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de subvenciones con el que intenta impulsar la compra o a la adaptación de los vehículos. El programa está financiado con 20.000 euros y consta de ocho subvenciones de 2.500 euros cada una para los titulares de licencia que adapten o adquieran nuevos automóviles.
Fuentes del sector señalaron que la adquisición de un vehículo adaptado de nueve plazas cuesta unos 23.000 euros y la adecuación de un taxi obliga a un desembolso que oscila entre los 5.000 y los 6.000 euros. El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, indicó que representantes de los colectivos del sector consideran que "es una cantidad razonable para ayudar a la transformación. Hombre, siempre se puede pedir más. En cualquier caso, evaluaremos la medida y si vemos que no se acoge mucha gente, la cambiaremos. Si, por el contrario, vemos que se nos agota enseguida, nos plantearemos sacar a lo largo del año una medida similar".
"A lo largo de este año tenemos que llegar a ese ratio de 80 vehículos accesibles par personas con movilidad reducida para cumplir con la normativa", sostuvo Ramírez quien aclaró que estas ocho subvenciones constituyen la primera medida que se adopta en 2017 para fomentar la transformación de los vehículos, aunque no descarta adoptar otras similares "a medida que avance el año".
El concejal ya se ha puesto en contacto con los responsables de las consejerías de Transporte y Servicios Sociales del Cabildo para intentar que la institución insular promueva también otra serie de incentivos que hagan más atractiva la transformación de la flota.
"Ya hemos tenido conversaciones, aunque todavía no hemos cerrado ningún acuerdo. Nosotros ya hemos puesto en nuestro presupuesto una partida de 20.000 euros para subvencionar la compra o adaptación de licencias y esperamos alcanzar a principios de este año a un acuerdo para que el Cabildo saque también una línea de ayudas para el sector", dijo el responsable de Movilidad, quien añadió que "este problema" sólo lo tiene Las Palmas de Gran Canaria, ya que el resto de municipios de la isla ya cumple con las ratios de accesibilidad o, en caso contrario, sólo le faltarían uno o dos vehículos.
Durante el pasado año se adaptaron unas siete licencias, que elevó el número total a 21, según aseguró José Eduardo Ramírez, quien achacó ese "considerable aumento" al artículo que se incorporó en la ordenanza del taxi, durante el mandado del popular Juan José Cardona, en el que se condiciona la obtención de una segunda, tercera, cuarta o quinta licencia a la adaptación de los vehículos para PMR.
Las Palmas de Gran Canaria es el único municipio de Canarias que contempla la posibilidad de que un titular de taxi pueda gestionar hasta un máximo de cinco licencias, en cumplimiento de la ley regional, una normativa muy polémica que algunas asociaciones de taxistas interpretaron como una forma de legalizar la situación de los floteros.
En la capital, se incluyó una contrapartida para acceder a las segundas y sucesivas licencias, que radicó en que éstas tendrían que ser accesibles a personas con movilidad reducida.
Segundas licencias
La mayoría de los nuevos vehículos adaptados de 2016, aseguró Ramírez, fueron segundas o terceras licencias, pero este aumento "es absolutamente insuficiente, por lo que tenemos que hacer algo para incentivar" la transformación de los coches, una medida que tiene como objetivo mejorar la prestación de este servicio público al ciudadano y cumplir con los preceptos del decreto 74/2012 de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno canario, por el que se rige el reglamento del sector del taxi.
Las bases para conceder estas subvenciones establecen que tendrán prioridad, por este orden, los vehículos de nueva adquisición y la antigüedad del vehículo a sustituir. Tendrán menos puntuación a la hora de recibir la subvención, aquellos titulares que disponga de otra licencia con un vehículo adaptado. Movilidad ha fijado dos plazos para la valoración de las solicitudes. El primero vence el 30 de mayo, fecha en la que se evaluarán las peticiones y se otorgarán las ayudas requeridas. En el caso de no cubrirse las ocho subvenciones durante esta primera convocatoria, se establecerá un segundo plazo, que vencerá el 31 de octubre de este año. Movilidad aclara en un comunicado que todos los vehículos adaptados "deberán cumplir con la normativa UNE 26494, establecida para el transporte de personas con movilidad reducida y con una capacidad igual o menor a nueve plazas, incluido el conductor". Esta norma de la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) tiene por objeto establecer los requisitos específicos que deben satisfacer los vehículos de carretera que pueden ser utilizados por personas en sillas de ruedas, los cuales viajan en ellos como pasajeros y nunca como conductores".
