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Una sentencia anula las multas de la Guardia Civil en las zonas urbanas

Tráfico carece de competencia para sancionar en la GC- 300, entre Tamaraceite y el barranco de Jacomar, porque desde 2013 ese tramo es de titularidad municipal

Una vecina de la capital grancanaria ha ganado un pleito a la Abogacía del Estado que puede desembocar en la devolución de miles de euros por las multas de la Guardia Civil y las sanciones de Tráfico en zonas donde carecen de competencia porque son de titularidad municipal.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 ha aceptado el recurso del abogado Jesús Bruno y ha anulado la sanción de 200 euros que la Dirección General de Tráfico le impuso a su clienta. Según la sentencia, que es firme porque no cabe recurso al ser la cantidad impugnada menor de 18.000 euros, la Guardia Civil y Tráfico no tienen potestad para sancionar en el tramo de la GC-300 que va desde Tamaraceite hasta el barranco de Jacomar, pues se trata de una vía municipal y, por tanto, es la Policía Local quien debe controlar el tráfico y el Ayuntamiento el que tiene la competencia para tramitar y cobrar las multas impuestas.

Se trata de la segunda sentencia que ha ganado el abogado por esta actuación ilegal de la Jefatura de Tráfico en Las Palmas. En la actualidad hay otro recurso pendiente de resolución, pero el letrado considera que podría haber miles de afectados y que Tráfico debería revisar de oficio las multas cobradas o impuestas en ese tramo de la carretera porque son nulas.

El efecto de la sentencia no sólo afecta a la sanción económica, sino a los puntos que Tráfico ha retirado por la infracción. En este caso, la afectada fue sancionada con 200 euros y la pérdida cuatro puntos. ¿El motivo? Hacer caso omiso a las señales del guardia civil que en ese momento regulaba la circulación y que la conductora asegura que nunca llegó a ver.

El abogado también considera que el fallo judicial habilita al Ayuntamiento para solicitar una compensación económica por el dinero recaudado por Tráfico al sancionar de manera sistemática en un lugar que está fuera de su jurisdicción. De hecho, según la sentencia, ese tramo de carretera es municipal desde el 20 de marzo de 2013, fecha en la que el Cabildo suscribió un convenio con el Ayuntamiento para cederle la titularidad de la vía. Esa cesión se ha ido haciendo por fases desde Tamaraceite hasta el barranco de Jacomar, por lo que podría haber sanciones ilegales anteriores a 2013.

Un punto estratégico

El tramo de vía afectado es clave para la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, pues comprende las rotondas que regulan el tráfico hacia Siete Palmas, San Lorenzo y Hoya Andrea, entre otros núcleos de población. De ahí que el abogado pronostique miles de afectados por los excesos de Tráfico durante estos últimos años.

Jesús Bruno, además de recurrir esas tres sanciones en lo Contencioso Administrativo, denunció a la Jefatura de Tráfico por prevaricación administrativa, esto es, por continuar imponiendo y cobrando las sanciones a pesar del convenido de municipalización de la carretera. La denuncia fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 8, pero el letrado, a raíz de esta nueva sentencia, solicitará que se reabran las actuaciones y que se cite como investigada a la jefa provincial de tráfico, Eva Canitrot.

Tampoco se descarta ir por falsedad documental contra los guardia civiles que afirmaron en los expedientes, para justificar las multas, que ese tramo de la carretera es interurbano, cuando el convenio entre el Ayuntamiento y el Cabildo y la sentencia de lo Contencioso establecen que es urbano.

El representante de UGT en la Policía Local, José Antonio Alonso, pidió ayer, tras conocer la sentencia, la dimisión de la jefa de Tráfico de Las Palmas y la devolución a los ciudadanos de todo el dinero cobrado de forma indebida por las multas impuestas.

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