Los magistrados del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria acatan la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Justicia de Canarias (TSJC) que les deniega el derecho a estacionar sus coches en el aparcamiento de la Ciudad de la Justicia.
Los jueces celebraron una junta el viernes de la semana pasada en la capital grancanaria para debatir si recurrían o no la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo (TS). Finalmente han aceptado la resolución judicial al renunciar a su impugnación ante el Alto Tribunal, dando por buenos los argumentos empleados por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC con sede en Las Palmas.
El presidente de la Sala y ponente de la sentencia, César García-Otero, ratificó el reparto proporcional de las plazas realizado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias. Se trata de los 251 estacionamientos que tiene la Ciudad de la Justicia, los cuales fueron distribuidos de manera equitativa en 2014, tras la apertura del nuevo edificio, entre todos los colectivos que trabajan en el recinto: jueces y magistrados, fiscales, gestores, tramitadores, auxilios judiciales y personal de mantenimiento y de información.
Los jueces, que están en inferioridad numérica respecto a otros colectivos, cursaron 47 de las 452 peticiones para dejar el coche. La Viceconsejería de Justicia, tras optar por el criterio proporcional, les asignó 26 de las 251 plazas que tiene la sede judicial. Al resto se le buscó sitio en el parquin anexo, y lo mismo ocurrió con los demás operadores que se quedaron sin plaza dentro de la Ciudad de la Justicia.
En la actualidad, gracias al convenio entre Justicia y la empresa que explota el parquin exterior, todos los solicitantes tienen aparcamiento, tanto dentro del edificio judicial como fuera, previo pago de 49 euros. El conflicto surge porque los jueces alegan razones de seguridad para aparcar de manera prioritaria en la Ciudad de la Justicia, pues aseguran que están más expuestos a posibles agresiones o a incidentes relacionados con el traslado de los expedientes que algunos suelen llevarse a casa, además de la disponibilidad inmediata que exige su labor jurisdiccional.
En ese sentido planteaban que la distribución de las plazas no es una competencia exclusiva de la Dirección General, sino compartida con los jueces decanos y los presidentes de las Audiencias. El TSJC reconoce las particularidades del colectivo y deja caer que la Dirección General de Justicia podía haber seguido otro criterio para corregir el desequilibrio numérico, pero establece que la resolución de la Administración no es arbitraria, sino que está fundamentada en la necesidad de gestionar un espacio limitado.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, que no condena en costas a los jueces al considerar razonable el recurso, avala, por tanto, el reparto proporcional de las plazas de garaje, una iniciativa que fue promovida por Pedro Herrera, anterior viceconsejero de Justicia. Herrera es magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas y ha vuelto a su puesto tras concluir la labor en el Gobierno canario. A su equipo, capitaneado entonces por el consejero Francisco Hernández Spínola, le tocó inaugurar la ansiada sede judicial.
Herrera creó una comisión para oír a todos los afectados. Nadie se ha quedado sin plaza gracias a un convenio que cubre más de 450 aparcamientos entre la Ciudad de la Justicia y el parquin externo.
