La Fiscalía de Las Palmas respalda la demanda por vulneración del honor que el empresario Miguel Ángel Ramírez ha presentado contra el concejal de Cohesión Social de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega.
El dueño del Grupo Ralons y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas reclama una indemnización de 60.000 euros para reparar su honor porque Ortega lo llamó "corruptor" en una conferencia de prensa celebrada poco antes de fichar por Las Palmas Puede (Podemos) para presentarse a las elecciones municipales. Desde entonces es concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y ha tenido varios desencuentros con el empresario, el último relacionado con la adjudicación a Clece de la ayuda a domicilio, en detrimento de Ralons, que sigue prestando el servicio en precario porque tiene la concesión municipal recurrida.
La rueda de prensa objeto de la demanda se convocó para anunciar una huelga y denunciar la actuación del empresario por descolgarse del convenio colectivo, pero durante la celebración de la misma Ortega no hizo mención a ese conflicto laboral, sino que vertió expresiones que atentan contra el prestigio de Ramírez y no guardan relación con la comparecencia informativa, según las conclusiones del ministerio público. La Fiscalía, por ese motivo, entiende que la crítica de Ortega no está amparada por la libertad de expresión y por la actividad sindical. De ahí que apoye la estimación de la demanda.
"Es evidente que ninguna de esas expresiones refiere de forma directa al conflicto colectivo existente y a la convocatoria de huelga que motivó la rueda de prensa donde dichas manifestaciones fueron vertidas", sostiene el fiscal Miguel Hernández en sus conclusiones, que ya han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia número 13 de Las Palmas de Gran Canaria.
El magistrado titular celebró a finales de noviembre una vista previa al juicio para explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo entre el empresario y el concejal, pero el abogado de este último, Diego León, lo rechazó porque Ortega niega que tuviera la intención de calumniar o injuriar al presidente de la UD Las Palmas.
León, en su escrito de contestación a la demanda, considera que las opiniones de Ortega están amparadas por la actividad sindical y por la libertad de expresión, pues la empresa Seguridad Integral Canaria tiene abierta una investigación por delitos fiscales y afronta varios juicios en los juzgados de lo social por vulnerar los derechos de sus trabajadores.
El abogado del empresario, Mario Ghosn, niega la veracidad de las afirmaciones de Ortega, que entonces era delegado de Intersindical Canaria, y enmarca sus palabras en una campaña más amplia para desprestigiar la buena labor social realizada por Ramírez durante los último años.
Ghosn, en ese sentido, presentó el día de la vista previa un amplio dossier con los méritos cosechados por su cliente, entre ellos el ascenso de la UD a Primera División, distinciones de la Policía o el Ejército y donaciones a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria o a la Asociación de Esclerosis Múltiple, por citar algunas de las que han tenido más repercusión mediática. El letrado aclara en su demanda que los 60.000 euros exigidos por el honor del empresario irán destinados, si gana el pleito, a las organizaciones Cáritas y San Juan de Dios.
El magistrado, tras los informes de la partes, tendrá que dictar la sentencia en los próximos días y aclarar si los comentarios hechos por Jacinto Ortega están o no bajo el paraguas de la libertad sindical y de la libertad de expresión.
La Fiscalía, en este caso, apoya la demanda porque considera que se ha lesionado el honor de Miguel Ángel Ramírez mediante una "ofensa innecesaria, impertinente e inoportuna", recoge el informe remitido al juzgado.
El ministerio público, tras analizarla grabación de la rueda de prensa, concluye que las afirmaciones de Ortega no contribuyen a resolver el conflicto laboral y, además, son ajenas al mismo. Por eso, según el fiscal, las manifestaciones vertidas quedan fuera de la libertad de expresión y de la protección que el Tribunal Supremo y el Constitucional confieren a la crítica cuando ésta es fundada.
Se trata de expresiones como "todas las administraciones tienen relaciones con este empresario"; "Miguel Ángel Ramírez y Seguridad Integral Canaria aparecen en la agenda de Bárcenas", y "detrás de un empresario corruptor hay un político corrupto". A juicio de la Fiscalía de Las Palmas, esas frases "exceden del ejercicio legítimo" de la libertad de expresión o sindical al ser "intrínsecamente vejatorias" y "en modo alguno pueden estar justificadas".
