Francisco González Santana, sindicalista y miembro del Frente Popular fue fusilado en San Lorenzo el 29 de marzo de 1937. Junto a él cayeron bajo la represión de las fuerzas golpistas del general Francisco Franco el alcalde comunista del desaparecido municipio de San Lorenzo, Juan Santana Vega, y otros tres represaliados más: Manuel Hernández, Antonio Ramírez y Matías López. El único delito que cometieron fue defender el gobierno que había sido elegido por los españoles. Los cinco fueron ejecutados en el campo de tiro de La Isleta y son conocidos como los mártires de San Lorenzo. Hernández, López y Ramírez fueron enterrados en nichos, pero los cuerpos de Francisco González y Juan Santana fueron a parar a una fosa común del cementerio de Las Palmas, en Vegueta, porque sus familiares no tenían dinero para darle un enterramiento digno. Las familias de González y Santana reclaman desde hace años la inhumación de sus restos, entre ellos el hijo y el nieto de Francisco González, que lleva el mismo nombre y apellido y que ha amenazado con denunciar al alcalde Augusto Hidalgo ante el juez si no inicia la exhumación, por incumplir la Ley de Memoria Histórica.
Las palabras de Diego González, el hijo de Francisco González, cuya edad supera los 90 años, expresando su deseo de enterrar debidamente el cuerpo de su padre, antes de morirse, son estremecedoras. "No me he muerto", aseguraba el año pasado, "porque estoy esperando para enterrar a mi padre". El Ayuntamiento de la capital grancanaria encargó el pasado año dos informes para averiguar el paradero de los cuerpos de ambos represaliados, con el objetivo de rescatarlos, pero las conclusiones de ambas investigaciones son diametralmente opuestas.
Uno de los informes, el realizado por el doctor de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro García Bilbao, de 21 páginas, desaconseja la exhumación de los cuerpos al considerar que ni siquiera es seguro que los cadáveres se encuentren todavía en la fosa común número 2 por las "transformaciones y reubicaciones" que se produjeron durante el siglo pasado en la zona. Por el contrario, Santiago Carcas Cuartero, director y coordinador de las expediciones que lleva a cabo la Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos por el Franquismo (ARDF Desaparecidos) en toda España, es categórico al afirmar en su informe que la fosa está localizada. Ambos investigadores se basaron en la documentación aportada por el historiador y concejal de Participación Sergio Millares, pero Carcas echa manos de otros documentos y testimonios orales para elaborar su estudio de 91 folios.
Mientras García Bilbao duda incluso de que los cuerpos se encuentren todavía donde fueron depositados, Carcas sostiene de manera rotunda, aportando incluso las coordenadas de situación y un croquis de los planos de ubicación, que "los represaliados de San Lorenzo siguen en la misma fosa común inalterada desde 1937, con cal y tierra encima de ellos". Carcas afirma que encima de los dos cuerpos hay una prueba inequívoca: "una piedra grande entre los dos asesinados", que fue colocada por los enterradores de la época, para que "se supiese que eran ellos". Ante la disparidad de conclusiones, el Ayuntamiento ha descartado iniciar, por el momento, los trabajos de exhumación hasta que exista la "certeza" de que los cuerpos de los represaliados siguen todavía allí, señala el edil Sergio Millares, quien se muestra dispuesto a continuar con las investigaciones para tener más datos. La investigación de Carcas carece de metodología científica, según el edil, porque no aporta pruebas. Desde el Cabildo de Gran Canaria aseguran que están pendientes de una reunión con el Ayuntamiento para tomar una decisión sobre el asunto. Por su parte, Javier Velasco, arqueólogo y técnico del Cabildo ha realizado un informe sobre el asunto en el que plantea los pasos que hay que seguir si se decide exhumar los cuerpos. A juicio de Velasco, es necesario antes de tomar cualquier decisión contrastar la veracidad de la documentación y los testigos a lo que Carcas hace referencia, pero "de los que no se aportan datos. Si una administración se mete en un proyecto debe contrastar antes la información y verificar las evidencias".
En el informe de Carcas, añade el experto, "no expone las fuentes directas. Si esa información es veraz y está localizado el sitio donde están esas personas o hay evidencias suficientes de que están ahí, la excavación de esa fosa común es factible, aplicando los criterios metodológicos de la antropología forense y funeraria y se puede hacer sin ningún problema. Y más la identificación de los cuerpos de los fusilados".
El investigador destaca la fiabilidad que suele tener la historia oral, pero también plantea la necesidad de cruzar unos testimonios con otros. "La única fosa exhumada en Gran Canaria, el pozo de Arucas, se exhumó gracias a la tradición oral. Y las tres fosas de Fuencaliente, en La Palma, también. Por lo general ese tipo de información suele ser verosímil. El quid de la cuestión radica en que la información que se está dando sea contrastable", dice.
La fosa
La fosa donde fueron enterrados González y Santana es la número dos, un espacio que está ubicado dentro de lo que se denomina cuartel, en el que hay un total de 28 fosas menores. Burgos sostiene en sus conclusiones que la fosa número 2 "no está localizada" y afirma que "no hay ninguna seguridad de que los cuerpos se encuentren allí" por las "transformaciones y reubicaciones posibles que se puedan haber realizado". Explica que entre 1938 y 1942 fueron enterradas 9.215 personas en el cuartel número seis, lo que dificultaría la identificación.
El informe de Carcas, que asegura haber consultado "más de 1.700 documentos" y denuncia la falta de colaboración del Archivo Militar de Tenerife, explica que del cuartel número seis "jamás se han extraído ni sacado restos óseos". Añade que en la fosa número 2 existen 122 restos mortales y/u óseos. Esta fosa, sostiene, "se abrió en tres ocasiones distintas"; la primera vez, en 1937, el año en que fueron enterrados los fusilados de San Lorenzo, y también en 1942 y en 1955. No obstante, los investigadores reconocen que testimonios de la época hablan de que están en la fosa 22 del mismo cuartel.
El estudio resalta que la fosa número 2 "está intacta", tiene unos seis metros de profundidad en uno de sus extremos y unas dimensiones de 2 x 2 metros. Añade que los restos extraídos en el cementerio de Vegueta hace unos 18 años no tienen nada que ver con el cuartel número seis. Considera que según los asientos del libro de inhumaciones del cementerio, los de González y Santana fueron los primeros cadáveres depositados en la fosa, sobre los cuales se fueron depositando a lo largo de los años otros 120 cuerpos. Los investigadores de ARDF Desaparecidos indican que son al menos 59 los restos mortales y /u óseos de represaliados que están enterrados en el cementerio de Vegueta y que estos se encuentran en los cuarteles 5 y 6, aunque no descarta que el número total pueda llegar hasta los 71.
