El concejal de Cohesión Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega, deberá indemnizar con 4.000 euros al empresario Miguel Ángel Ramírez por mancillar su honor al llamarlo “corruptor” en una conferencia de prensa, entre otras manifestaciones realizadas por el edil cuando aún era delegado de Intersindical Canaria.

La sentencia que condena al concejal estima parcialmente la demanda interpuesta por el dueño del Grupo Ralons y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Su abogado, Mario Ghosn, reclamaba 60.000 euros por la vulneración del derecho al honor del empresario, pero el Juzgado de Primera Instancia número 13 ha rebajado la indemnización a 4.000 euros. La gran diferencia existente entre lo solicitado y lo concedido estriba en que las críticas ofensivas no fueron difundidas de manera masiva por los medios de comunicación, explica la resolución judicial.

El magistrado Juan José Suárez Ramos tampoco accede a condenar en costas a Ortega ni le ordena publicar la sentencia de manera íntegra en “varios” medios de comunicación con amplia difusión regional, sino sólo en uno de ellos y nada más que el encabezamiento de la resolución y el fallo.

Sí declara expresamente el juez que “se ha producido una intromisión en el honor” de Miguel Ángel Ramírez y, por ese motivo, además de los 4.000 euros de indemnización, impone al concejal la obligación de “abstenerse de realizar en el futuro” actuaciones como las que han motivado su condena.

El magistrado, igual que la Fiscalía de Las Palmas, considera que Ortega “excedió” los límites de la libertad sindical y de expresión con los comentarios hechos en la rueda de prensa, pues entró en el terreno personal con alusiones ajenas al conflicto laboral existente.

La denuncia data de 2013, época en que Ortega era delegado sindical de Intersindical Canaria en empresas de seguridad privada, donde se enfrentó a la mercantil Seguridad Integral Canaria, empresa de la que Ramírez es accionista mayoritaria.

La finalidad de la rueda de prensa en la que intervino Ortega era anunciar una huelga por las prácticas laborales de Seguridad Integral Canaria, una de las compañías de Ramírez, pero Ortega fue más allá y mencionó la agenda de Bárcenas, lo llamó corrupto y relacionó la lentitud de la justicia con las causas en las que está inmerso el empresario.

Ramírez reaccionó con una denuncia en el Juzgado y alegó que Jacinto Ortega mantenía una campaña de desprestigio y difamación contra él, realizando constantes declaraciones en los medios de comunicación y comentarios en las sociales que atentantaban contra su derecho al honor.

El juez considera que utilizar la expresión “corrupto” o “corruptor”, en el contexto de la rueda de prensa, es una “descalificación innecesaria” que “repercute en la imagen personal” de Ramírez, tal como planteaba el letrado Mario Ghosn.

La sentencia relaciona esas manifestaciones con otras hechas recientemente por Ortega. Entonces sí era concejal y, a la salida de los juzgados, en un acto de conciliación por otro conflicto, aseguró que Ramírez carecía de honor y, por tanto, era “imposible dañarlo”. Eso, según el magistrado, es otra “descalificación personal y pública” que se realiza fuera del contexto sindical. Las declaraciones fueron emitidas en el Telecanarias. De ahí la condena a publicar el fallo en un medio regional.

El abogado del edil, Diego León, apelará a la Audiencia de Las Palmas. “Si bien hay una disminución de lo solicitado en la demanda, la sentencia sigue la línea iniciada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al aplicar la Ley Mordaza en el ámbito del mundo sindical”, afirma el letrado. “Por eso vamos a recurrir y confiamos que haya una reacción del mundo del trabajo frente a este tsunami contra la libertad sindical en el terreno de las relaciones laborales”, opina León.