28 de enero de 2017
28.01.2017

Los distribuidores de coches reclaman un informe sobre la viabilidad económica del BRT

Fredica critica la campaña de Movilidad, que considera "cargada de demagogia"

28.01.2017 | 00:20

El presidente de la Federación de Importadores y Distribuidores de Automóviles, Fredica, volvió a mostrar su extrañeza ayer por la "prisas" del alcalde por poner en marcha la obra de la MetroGuagua (BRT).

Como ya ha señalado el sector, "no se ha presentado un informe que justifique la viabilidad económica y social de este proyecto". Pese a las peticiones realizadas por las organizaciones empresariales y comunicarse que este informe estaba realizado, el Ayuntamiento "sigue sin hacer llegar a los interlocutores sociales documento alguno".

Para el representante de Fredica el proyecto se ha encarecido de la noche a la mañana en 27 millones de euros. Según el Ayuntamiento había informado, el coste de esta macro infraestructura se situaría en 100 millones de euros. Sin embargo, ahora se informa que por cuestiones de financiación, la inversión alcanzará los 127 millones de euros, un "pequeño desfase" que parece ser "pasó desapercibido" para los miembros del equipo capitalino.

Fredica recalca que no se opone a una propuesta como la realizada, pero es absolutamente necesario, cuando se trata de inversiones de este calibre, que supondrán una pesada carga financiera para el Ayuntamiento, y por tanto, para el conjunto de la ciudadanía de esta ciudad, que se actúe con meridiana transparencia.

Al margen de esta reivindicación de transparencia, desde Fredica se critica la campaña a favor del BRT y en contra del vehículo privado que ha iniciado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En un vídeo "cargado de demagogia", el Ayuntamiento pretende justificar la inversión vendiendo un "mensaje torticero" que en nada se corresponde con la realidad. Desde Fredica se considera inútil estos planteamientos contra el vehículo privado que dan la espalda a la realidad y que, como en muchas ocasiones, solo sirven para justificar inversiones o perjudicar el derecho de los ciudadanos.

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