Jacinto Ortega seguirá como concejal de Cohesión Social pese a la sentencia que le condena a indemnizar con 4.000 euros al empresario Miguel Ángel Ramírez por mancillar su honor, al llamarlo "corruptor" cuando era representante sindical. El primer teniente de alcalde, concejal de Urbanismo y portavoz de Las Palmas de Gran Canaria Puede, Javier Doreste, entiende que la condena de Ortega, que será recurrida, no tiene por qué interferir en la relación con el empresario y la explotación de los servicios que el Ayuntamiento ha cedido en concesión al grupo Ralons, entre ellos las gestión de escuelas infantiles y centros deportivos o la vigilancia privada de dependencias municipales. Ralons tiene congelada además desde noviembre pasado el cambio de manos del contrato millonario de la ayuda a domicilio, que se adjudicó a Clece, al considerar los técnicos municipales que presentó mejor oferta que Ramírez, tras recurrir éste dicha decisión en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma.
El portavoz del Partido Popular (PP) Juan José Cardona pidió ayer la dimisión de Ortega, en "coherencia" con el código ético de Las Palmas Puede y preguntó al final del pleno municipal al concejal si tenía previsto renunciar. También quiso saber si el alcalde Augusto Hidalgo contemplaba su destitución. No hubo respuesta a ninguna de las dos preguntas.
Doreste aseguró que Ortega seguirá al frente de Cohesión Social y añadió que la condena del Juzgado de Primera Instancia número 13, que eludió valorar, no obliga al edil a dimitir ni tampoco tiene por qué interferir en la relación contractual con el presidente de Ralons. "Jacinto Ortega no ha sido condenado por prevaricación, el único caso en el que el código ético de Podemos contempla la obligación de dimitir. El compañero no ha sido ni acusado ni condenado por un delito de prevaricación y no me tiren de la lengua sobre mi opinión" de la sentencia. En cuanto a los efectos de la condena en la relación con los contratos municipales que gestiona indicó: "Sería una maldad pensar que esa sentencia puede interferir en la política municipal. Los procesos de contratación son más limpios que nunca. Son completamente independientes y se fijan con criterios meramente técnicos". Añadió que no cree que Ramírez "sea tan torpe" de escudarse en una supuesta animadversión para denunciar decisiones del Tripartito en los tribunales, "entre otras cosas, porque no la hay. Se va a mantener a Ortega en todos los órganos en los que está actualmente y en más", sostuvo Doreste, que mostró su "apoyo absoluto" al compañero de filas y de gobierno.
El responsable de Urbanismo protagonizó un agrio debate con Cardona, a cuenta del reparto del dinero del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), en un pleno vacío de contenido a excepción de la aprobación definitiva del presupuesto municipal de este año -un puro formalismo- y la plantilla municipal, que se resolvió sin debate alguno, tras el anuncio por el nuevo coordinador general de Hacienda, David Gómez, del rechazo de las cinco alegaciones presentadas.
El Tripartito defendió el sistema de reparto del Fdcan que le toca a Gran Canaria, consensuado con el Cabildo y otros 17 ayuntamientos de Gran Canaria, frente a la moción presentada por los populares, que consideran que es el Cabildo el que tiene que aportar el 50% de la financiación que pone la capital, "como en Tenerife". Cardona consideró que el "absoluto entreguismo" del gobierno de Hidalgo al Cabildo de Gran Canaria "perjudica" a la capital, porque le impide contar con una inversión mayor. "Es inaudito que la ciudad más importante de Canarias", dijo, "se pliegue a los intereses del Cabildo", al que acusó de recortar otros fondos a la ciudad. La moción de Cardona contó con el apoyo de Ciudadanos, que coincidió con el PP en las acusaciones de "entreguismo" al Cabildo; y de Unidos por Gran Canaria, que pidió al Tripartito que exija una mayor inversión acorde con la población del municipio. En la línea de lo manifestado el día anterior por el alcalde, que consideró que la ciudad "sale mejor parada" con el reparto del Fdcan, Doreste achacó las críticas de Cardona a un intento de "servir a los intereses de ATI" para romper el acuerdo alcanzado entre el Cabildo y los 18 ayuntamientos de Gran Canaria, que consensuaron que el dinero del Fdcan se distribuiría de acuerdo con los criterios de reparto del REF. En función de ese reparto, la ciudad recibirá un total de 26,9 millones hasta 2019, de los cuales, siete corresponden a 2016; 5,7 millones en 2017; 7,1 millones en 2018 y 7,1 millones en 2019. "La moción del PP", sostuvo, "evidencia la connivencia que existe entre la ATI del señor Clavijo y el PP del señor Antona, de la que se ha convertido en portavoz, intentando dividir a la isla de Gran Canaria. Una vez más, el PP renuncia a defender los intereses de Gran Canaria para anteponer sus intereses partidistas. Tenemos que ser coherentes con el acuerdo de reparto que consensuamos. Además ninguna isla tiene un plan de cooperación del Cabildo como esta, que ha inyectado en la ciudad diez millones en dos años".
