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El edil de Aguas y técnicos de Emalsa declaran por la planta de Tamaraceite

La juez los interroga como testigos, salvo a un responsable de la empresa, que acudirá como investigado por la contaminación acústica de la depuradora

El alcalde Augusto Hidalgo, junto al consejero de Agricultura, Pesca, Alimentación y Aguas, Narvay Quintero, en el acto de recepción de la depuradora

El Juzgado de Instrucción número ocho de Las Palmas ha citado a declarar al concejal de Aguas y Alumbrado Público, Roberto Santana, y a varios técnicos de la compañía mixta Emalsa, en relación con la contaminación acústica de la depuradora de Tamaraceite, situada en Las Majadillas. Todos ellos serán interrogados como testigos para que informen de las causas que han motivado los ruidos, salvo un responsable de la compañía del agua, que ha sido citado en calidad de investigado. La planta no ha dejado de emitir un molesto zumbido desde que empezó a funcionar a mediados del pasado verano, según los vecinos. El ruido forma parte de las más de 88 deficiencias y fallos detectados en las instalaciones de las depuradoras de Tamaraceite y Tenoya, pese a lo cual fueron recibidas por el Ayuntamiento. Emalsa cifró en 686.000 euros la inversión necesaria para corregir esas anomalías, cantidad a la que hay que añadir el coste de otros defectos detectados tras arrancar la planta y, al menos, otros 150.000 euros que han costado los trabajos de insonorización, que tampoco han conseguido eliminar el problema. Emalsa anunció el pasado octubre el inicio inminente de obras para acabar con la contaminación acústica. El pasado 11 de enero concluyeron los trabajos de insonorización, pero según los vecinos la depuradora sigue haciendo ruido, después de que el Ayuntamiento se haya gastado más de 150.000 euros en los trabajos. "Es diferente y la intensidad es menor, pero sigue habiendo ruido. Ya no sabemos qué hacer", se lamenta Belén Palma, una de las vecinas, cuya denuncia a la Policía Nacional y a la Fiscalía ha provocado la apertura de un procedimiento penal. La juez Victoria Rosell inició el pasado mes de septiembre una investigación para averiguar si las quejas por ruidos de los vecinos de Las Majadillas son constitutivas de un delito contra el medio ambiente y la salud pública. Además de Belén Palma, los ruidos han sido denunciados por otros cinco residentes del barrio, que vieron cómo la tranquilidad del barrio se transformó en una especie de infierno, desde que arrancó la planta purificadora el pasado 27 de julio. Los vecinos tienen esa fecha grabada en la memoria. También ha ordenado la jueza que se efectúen reconocimientos médicos a los vecinos para evaluar los efectos de la contaminación acústica sobre su salud, tanto desde el punto de vista físico como psíquico. Belén Palma, -la más afectada por los ruidos al dar las ventanas de su casa al barranco donde está la depuradora- pidió desde la primera denuncia la paralización de la planta y sigue insistiendo en la misma reclamación porque, advierte, la contaminación acústica está afectando a su salud y a la de sus tres hijos. "Uno de ellos ha perdido 12 kilos en nueve meses y yo estoy trastornada de los nervios", se lamenta. El Juzgado de Instrucción número 8 inició el procedimiento con unas diligencias previas en las que ordenó una evaluación sobre los ruidos a la Policía Local y solicitó un estudio sobre las actuaciones e informes técnicos realizados en relación con la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Tamaraceite. La primera evaluación de ruido que hizo la Policía Local tuvo que ser repetida después de que Palma denunciara que la depuradora empezó a funcionar a mitad de capacidad justo cuando los agentes fueron a efectuar las mediciones. La vecina expresó sus sospechas de que Emalsa impidió que la planta trabajara a tope para reducir la contaminación acústica. Según el informe encargado por Emalsa a la empresa Marsan, el ruido ambiental supera lo establecido en la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente frente a Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento. Dichas mediciones señalan que la contaminación producida por la central llegó a superar durante la noche en 35,5 decibelios (dbA) los niveles de ruido permitido en el exterior. El ruido producido en el interior de las viviendas superó en 10,2 dbA el nivel autorizado.

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