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Fomento se reúne con la estiba para responder a la sentencia de Europa

El Estado estudia acatar el fallo mediante decreto ley para evitar una multa millonaria

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, se reunió ayer con empresarios y trabajadores de la estiba para dar a conocer la respuesta inmediata que se dará a Europa, que en una sentencia del Tribunal de Luxemburgo de diciembre de 2014 obliga a liberalizar la contratación de estibadores. Medios especializados informan de que el Estado ya trabaja para acatar este fallo mediante un decreto ley, que entraría en vigor en abril, ante la falta de acuerdo entre patronal y trabajados y para evitar una multa millonaria. De la Serna tiene previsto dar una rueda de prensa durante el día de hoy en la que explicará las medidas que se tomarán para así contentar a la Unión Europa, que exige eliminar la exclusividad de pertenecer a la Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (Sagep) para contratar a empleados de carga y descarga. La intención, según indica el digital Plaza Valencia, es legislar a través de un decreto ley para así acortar los plazos de la reforma de la Ley de Puertos, que de otra forma se alargaría al menos seis meses más, lo que incrementaría la sanción. Según estos medios, el propio presidente de Puertos del Estado, José Llorca, viajó a Bruselas para trasladar a Europa el contenido del decreto ley y verificar si se ajusta al fallo judicial, consiguiendo así desbloquear la situación ya que la implantación de la sentencia europea lleva ya más de dos años de retraso. Coordinadora, el principal sindicato de los estibadores, y Anesco, la patronal de la estiba, han intentado sin éxito llegar a un acuerdo para proponer una solución que contente a todas las partes. Por ello, los trabajadores realizaron un parón de cuatro horas el pasado martes después de acudir a diversas asambleas en los principales puertos del territorio nacional. Esto provocó largas retenciones de camiones en las diferentes terminales de contenedores y demoras en la entrega de los containers, entre ellas las del Puerto de La Luz. En la comunidad portuaria se teme que se repitan si el Gobierno toma una decisión sin el consenso con los trabajadores.

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