Los estibadores de los puertos barajan convocar huelga para los próximos días 20, 22 y 24 de febrero, en protesta por la reforma que ultima el Ministerio de Fomento para romper el monopolio que este colectivo tiene del sector encargado de cargar y descargar los barcos, esto es, de gestionar las mercancías que entran y salen de España por mar.

El calendario definitivo de paros está aún en negociación, y por tanto pendiente de concreción y de convocatoria formal, entre el principal sindicato del sector, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, y el resto de formaciones con representación entre este colectivo (CC.OO., CIG y CGT), según informaron a Europa Press en fuentes del sector.

En principio, los sindicatos prevén llamar a los estibadores a parar todas las horas impares del periodo comprendido entre las 8.00 horas del 20 de febrero y la misma hora del día 21, y de las mismas franjas horarias de los días 22 y 23 de febrero y 24 y 25 de este mes. Con la convocatoria, este colectivo de trabajadores de la red de 46 puertos españoles pretende manifestar su rechazo a la reforma del sector planteada por Fomento, dado que, en su opinión, constituye un "despido generalizado" y un vía de "precariedad y desregulación laboral". Asimismo, reivindican que se retome la negociación sobre la modificación del sector. El previsible paro de este colectivo afectaría a un sector fundamental para la economía, el de la gestión de la mercancía en los puertos, instalaciones que canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país.

La eventual convocatoria respondería a la reforma del sector que el Departamento que dirige Iñigo de la Serna ultima con el fin de que cumpla con la normativa comunitaria y evitar así una eventual sanción de la UE. En virtud de su propuesta, se liberalizaría la contratación de estibadores, un colectivo formado por unos 6.150 trabajadores, actualmente concentrado en las denominadas sociedades de gestión de trabajadores portuarios (Sagep). El Ministerio prevé articular un plazo de tres años para que paulatinamente desaparezcan estas sociedades y las empresas estibadoras puedan contratar libremente a sus trabajadores.