Sercanarias, la empresa de lo socios privados de Emalsa, presta el servicio de mantenimiento de la red de alcantarillado de la ciudad desde que la compañía mixta le adjudicó a dedo la gestión de los trabajos en 2008, en medio de numerosas críticas. La empresa de Saur y Valoriza Agua continúa con el saneamiento en la actualidad pese a que el alcalde anunció hace un año que no seguiría prestándolo y pese a que un funcionario municipal, el asesor jurídico Juan Sáez Blanco, advirtió en un informe firmado el 24 de mayo de 2011 que la subcontratación del servicio de limpieza del alcantarillado a Sercanarias era ilegal, porque vulneraba varias leyes estatales e incumplía además el pliego de condiciones administrativas de la concesión de Emalsa y el propio contrato de saneamiento firmado en 1998, así como el informe propuesto para la gestión.
Sáez resalta que la subcontratación del servicio de saneamiento, por el que la ciudad paga cerca de cinco millones anuales, contraviene la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1995, su texto refundido en 2000, así como la Ley de Contratos del Sector Público de 2007. Todas establecen que "la subcontratación sólo podrá recaer sobre prestaciones accesorias" en la gestión de servicios públicos. Todas estas leyes vienen a decir, explica el funcionario en su informe, que una vez adjudicado un determinado servicio al candidato que ofrece las mayores garantías y mejores condiciones para la ejecución del servicio, éste no puede luego subcontratar las prestaciones principales recogidas en el contrato primigenio.
También destaca el jurista adscrito a la Unidad Técnica del Agua -nombrado en enero pasado miembro del comité técnico asesor encargado de modificar la relación contractual con Emalsa-, que el pliego de condiciones administrativas en el que se basó la concesión del 66% de las acciones de Emalsa, establece que será la compañía la que gestionará el servicio de alcantarillado. Así, el artículo 4d de dicho pliego dispone que "son obligaciones de la Sociedad de Economía Mixta" ejercer "por sus propios medios" la gestión de los servicios. "No obstante", añade, "podrá concertar con terceros la gestión de prestaciones accesorias".
En el contrato de saneamiento firmado en 1998, recuerda Sáez, se deja claro que la "gestión del servicio público municipal de saneamiento lo llevará a cabo Emalsa, de acuerdo con lo indicado en el Informe Propuesta para la gestión de los servicios municipales de saneamiento y depuración". El letrado destaca que las cláusulas del pliego de condiciones aceptadas por el licitador conforman la lex contractus. Es decir, obligan en toda su extensión a sus firmantes".
Y concluye diciendo que el objeto del contrato principal de saneamiento se solapa con los servicios realmente prestados por la entidad mercantil Sercanarias. "Tanto es así ", añade, "que sin la intervención" de Sercanarias "el servicio de saneamiento y depuración no se podría prestar por el adjudicatario del Ciclo Integral del Agua". El funcionario basa dicha afirmación en un informe de Emalsa de enero de 2011 en el que reconoce que la dotación de las unidades especiales de saneamiento y obra está compuesta por 64 trabajadores, de los cuales sólo 2 operadores, 2 oficiales y un ayudante pertenecen a Emalsa y el resto a Sercanarias. "Es decir, las prestaciones que lleva a cabo, parece ser, la entidad Sercanarias distarían mucho de poder ser merecedoras de la acepción de accesorias". Sáez realizó el informe por orden de Matías Ramos, cuando éste ocupó la jefatura del entonces denominado Servicio de Medio Ambiente y Aguas. Ramos, que se jubiló el pasado año y formó parte del grupo de intervención de Emalsa dirigido por Rafael Bolívar, fue jefe del servicio de Aguas entre 2010 y 2011, periodo durante el que paralizó la subida de las tarifas del agua -porque la compañía no aportó datos que justificasen dicho incremento- y comenzó a rechazar las certificaciones de venta de agua que adjuntaba Emalsa a las facturas de saneamiento como supuesto justificante de los servicios prestados, según aseguró el pasado mes durante su comparecencia como testigo en el Juzgado de Instrucción número seis, que investiga a 15 ejecutivos de Emalsa por un presunto delito de administración desleal. Rafael Bolívar, cuando accedió a la jefatura de la Unidad Técnica de Aguas, se negó a firmar el pago de las facturas porque Emalsa no acreditaba que los servicios que pretendía cobrar fueran prestados. Hidalgo pagó finalmente las facturas el pasado año, tras una sentencia que le daba la razón a Emalsa y que el gobierno Tripartito renunció a recurrir. Actuación que está siendo investigada en el mismo proceso.
