Los estibadores acaban de anunciar que hoy presentarán un preaviso de huelga para los días 20, 22 y 24 de febrero desde las 8.00 horas hasta la misma hora de los días siguientes, en horas impares, para protestar por la decisión unilateral del Ministerio de Fomento de acatar la sentencia del Tribunal de Luxemburgo a través de un Decreto Ley y por la falta de ratificación del acuerdo, motivada, según los trabajadores, por esta irrupción, sobre esta misma reforma legal de la estiba de 24 de enero de 2017, negociado entre Anesco y los sindicatos convocantes, Coordinadora, CCOO, UGT y CIG. Esta decisión provocará el colapso de los puertos españoles.

Los portuarios aseguran que la decisión del Gobierno supone un "despido generalizado" y la apertura de un nuevo proceso de selección y contratación libre de todo el personal de la estiba portuaria. "En modo alguno se deriva de una exigencia de la sentencia del TJUE, sino una opción política que profundiza en la precariedad y desregulación laboral, al amparo de argumentos mezquinos sobre supuestas condiciones de privilegio laboral que, en realidad, solo tiene el propósito y la finalidad de incrementar la riqueza de los operadores portuarios y, en modo alguno, beneficiar a los consumidores españoles", apuntan los estibadores en un comunicado.

La huelga planteada, que cumple los requisitos legales, no requiere de servicios mínimos al afectar a 12 de las 24 horas. Asimismo, adelantó que si no se alcanza un acuerdo, se ampliará. Así, los estibadores indicaron que están "dispuestos a mantener el diálogo abierto", aunque no aceptarán "una imposición" que les condena "a muerte".

Coordinadora, el principal sindicato de los estibadores, afirma en un comunicado que la decisión del ministro Íñigo de la Serna provocará que los contratos indefinidos "se conviertan en puestos de trabajo precarios pendientes de contratación por las empresas". Asimismo, explica que De la Serna les informó verbalmente que las empresas tendrán un periodo transitorio de tres años en el que tendrán la obligatoriedad de contratar al 75% de los trabajadores que pertenecen a la actual Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep), que desaparecerá; el primer año, el 50% el segundo y el 25% el tercero. A la finalización de este periodo, aquellos que no estén contratados serán despedidos y las indemnizaciones, hasta 2014, se realizarán con cargo a las respectivas autoridades portuarias.

Ante este panorama, Coordinadora asegura que los estibadores "tendrán que luchar con un brazo atado a la espalda" por sus condiciones laborales ya que, según los "mandatos" que el ministro afirma que ha impuesto Bruselas, "los principios liberales de la igualdad y libertad de las partes en la negociación pueden ser alterados a favor del empresario" y "los trabajadores no podrán negociar libremente las condiciones de trabajo".

Los estibadores atribuyen el anuncio de la aplicación de un Decreto Ley el que se haya "dinamitado" el consenso que había llegado con la patronal, que el pasado martes decidió desmarcarse del preacuerdo que habían alcanzado ambas partes el pasado 24 de enero. En este punto, Coordinadora recordó que en los últimos años, en plena crisis económica y con un Gobierno en funciones, se lograron cifras récord en los puertos "producto de una Ley de Puertos consensuada y del buen entendimiento en los muelles entre trabajadores y empresarios, que ha tenido como consecuencia una fructífera paz social".