La reforma del modelo de estiba por imperativo europeo, que había desembocado en la convocatoria de tres días de huelga, ahora en suspenso, se juega a partir de ahora en dos tableros: el de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, y el del Congreso, que debe aprobar los cambios legales. Estas jugadas tendrán que resolverse en una semana, que es el tiempo dado por el Ministerio de Fomento a los agentes sociales para que lleguen a un acuerdo. En cambio, el empresario Vicente Boluda, presidencia del Grupo Boluda y de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), aseguró que es "muy complicado" resolver el conflicto en siete días.
Boluda, después de reunirse ayer en Madrid con el ministro Íñigo De la Serna, apuntó como uno de los potenciales escollos que el periodo transitorio fijado en el real decreto-ley sea de tan sólo tres años. Ya el pasado martes puso como ejemplo la solución tomada en Francia, donde la modificación del modelo duró 15 años. "No he dicho que haya que hacerlo de 15 años en España, pero el tema de periodos transitorios "es algo que habrá que negociar en estas fechas", agregó el presidente de una de las compañías de referencia en servicios marítimos globales.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, que estuvo en la misma reunión, explicó que el Gobierno pidió a la Comisión Europea (CE) un periodo transitorio de siete años, pero el Ejecutivo comunitario no aceptó más de tres.
El empresario valenciano se mostró partidario de llegar a un acuerdo "satisfactorio para todos y, si la solución es ampliar ese plazo, pues supongo que será así", ya que "no nos podemos permitir una conflictividad laboral en los puertos que haría un daño importante al país", dijo.
El responsable en Andalucía de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Manuel Cabello, se mostró confiado en rubricar un pacto con la patronal y avanzó que la negociación "no debe durar más allá de dos semanas". Sin embargo, los portuarios siguen esperando a la llamada de los empresarios para iniciar los contactos, como apostilló Miguel Rodríguez, portavoz de los estibadores. "Nosotros estamos listos desde ayer [miércoles para el lector]", dijo Rodríguez, quién en la tarde de ayer explicó al resto de los trabajadores de La Luz las novedades de la negociación en una multitudinaria asamblea celebrada frente a la terminal de Opcsa.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, insistió en que algunas demandas de los estibadores no se pueden incluir en el real decreto-ley que regulará el nuevo modelo de estiba, pero sí se pueden incorporar a través de la negociación colectiva con las empresas. En paralelo, pidió "responsabilidad" a los grupos de la oposición para que convaliden el real decreto-ley en el Congreso y eviten que España tenga que pagar una multa de 134.000 euros diarios. El resto de partidos ya han mostrado su disconformidad de regular el sector sin contar con un consenso con trabajadores y empresarios. De momento, para facilitar el diálogo, la norma no irá al Consejo de Ministros de hoy, que era la fecha prevista.
Coincidiendo con este compás de espera, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto un expediente sancionador a empresas y sindicatos del puerto de Vigo por posibles prácticas anticompetitivas en el ámbito de la estiba.
En Bruselas, el portavoz comunitario Margaritis Schinas aseveró que España y la CE están en contacto para buscar soluciones que garanticen el cumplimiento de la normativa europea, la competitividad de los puertos y "una protección adecuada de los trabajadores".
Mientras tanto, los partidos políticos hicieron una llamada a todos los actores para que busquen un consenso. El vicepresidente del Gobierno canario, Pablo Rodríguez (CC), confió en que impere el diálogo y pueda llegarse a un acuerdo. Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canarias de Empresarios (CCE), consideró que "no se trata de obtener mano de obra más barata" e insistió en que el objeto es dar cumplimiento a una sentencia para evitar una situación de monopolio y poder disponer de "un marco parecido al de los países con los que se compite". Asimismo, alabó la profesionalidad de los estibadores, que se demuestra en la baja siniestralidad que presenta el sector.
