El Cabildo de Gran Canaria debatirá en el pleno del próximo viernes el apoyo a las demandas de los trabajadores portuarios ante el anuncio del decreto ley que llevará el Ministerio de Fomento al próximo Consejo de Ministros, en el que se propone liberalizar el sector de la estiba ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El consejero de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, apuntó en un comunicado que la reforma que prepara el Gobierno estatal supone un "despido generalizado y la apertura de un nuevo proceso de selección y de libre contratación de todo el personal de la estiba portuaria, que no tiene nada que ver con la sentencia del Supremo, sino que es una opción política que profundiza en la precariedad y desregulación laboral".

El Cabildo pretende pedir al Ministerio de Fomento que las entidades intervinientes en los Centros Portuarios de Empleo, que gestionan mano de obra portuaria, sean empresas estibadoras con licencia de la Autoridad Portuaria, que son competentes en el ámbito territorial de actuación, entre otras medidas.

Mientras tanto, los estibadores y la patronal finalizaron ayer una nueva reunión sin acuerdos, pero ambas partes volverán a a la mesa de negociación el próximo martes a pesar de que dan por hecho de que el real decreto-ley sobre la reforma de la estiba se aprobará el viernes. Los sindicatos de estibadores están convencidos de que podrán llegar a un acuerdo con la patronal y confían en que se pueda introducir modificaciones al texto del decreto en su tramitación parlamentaria. Asimismo, mantienen su preaviso de huelga, decisión que tomaron "como única herramienta" para defenderse.