El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado un plazo de tres meses al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que indemnice al propietario de la Casa Ford con 2,4 millones de euros por las limitaciones urbanísticas impuestas al edificio, establece un auto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo en el procedimiento abierto para ejecutar la sentencia que concede la razón al propietario del inmueble.
El edificio fue proyectado en 1950 por el arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre y el Ayuntamiento lo incluyó en el catálogo de bienes protegidos con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del 2000. Su propietario reclama 4,7 millones por los perjuicios económicos derivados de la protección del inmueble, pero el Ayuntamiento sólo está dispuesto a pagar 2,4 millones. El TSJC, ante esa discrepancia, encargó un nuevo informe pericial para determinar la cantidad, pero el dictamen no cierra una cifra y los magistrados han dado un nuevo plazo de alegaciones para resolver el asunto. Entre tanto, para evitar que se demore más el pleito, el tribunal exige a la Corporación esos 2,4 millones como adelanto de la indemnización final. La compensación definitiva, si excede de ese importe, se descontará de esa suma, explican los magistrados César García-Otero, Enma Galcerán y Javier Varona en el auto judicial, que lleva fecha del 17 de febrero y fue notificado el pasado jueves a las partes.
Los jueces abogan por "adelantar" el cumplimiento del fallo para evitar más perjuicios al demandante, que ganó el pleito en 2009, cuando el Tribunal Supremo (TS) confirmó la sentencia del TSJC y, además, reconoció al dueño del edificio el derecho a ser indemnizado por la pérdida del aprovechamiento urbanístico. "Nada impide que se lleve a cabo el pago en la suma donde no existe discrepancia como forma más efectiva de satisfacer ese derecho a la tutela judicial efectiva del ejecutante", establece el TSJC en su auto.
El afectado reclama una compensación por el "enorme retraso" en la ejecución de la sentencia, así como una orden expresa al Ayuntamiento para que cumpla "sin más dilaciones" un fallo judicial firme desde el 22 de abril de 2009. La Sala, por ese motivo, da un plazo máximo a la administración de tres meses para que salde su deuda, modificando el presupuesto si fuera necesario para cumplir la condena impuesta.
La protección de la Casa Ford eliminó la posibilidad de construir hasta siete plantas en el número 22 de Presidente Alvear, que es donde se levanta el edificio. Las limitaciones urbanísticas también afectan a un solar anexo en el que funcionaba hasta hace poco una gasolinera. La compensación pendiente está vinculada a ese solar. El Supremo fijó la indemnización en 5,13 millones, pero añadió que debía restarse el precio de la venta del solar con destino exclusivo a gasolinera. De ahí las discrepancias entre las cantidades reclamadas y la valoración realizada por el perito judicial, que aún no está cerrada, aclaran fuentes judiciales. Las partes disponen de diez días para presentar alegaciones. El Gobierno canario y el Ayuntamiento han abonado 1,7 millones por las restricciones que afectan sólo al inmueble.
