El Tribunal de Cuentas ha abierto un expediente a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, a su presidente, Luis Ibarra; su actual director, Salvador Capella; y al exdirector, José Miguel Pintado, por presuntos pagos irregulares del plus de residencia que desde 1998 venían cobrando casi una treintena de altos cargos de la casa -entre los que no está el presidente- y que tiene un coste anual para las arcas del Puerto de unos 36.000 euros. Un informe de la Intervención General del Estado advirtió de la irregularidad de este concepto agregado a la nómina, exigiendo su inmediata retirada; sin embargo, el ente portuario siguió incluyéndolo a instancias de la Asesoría Jurídica y de Recursos Humanos, al constar una sentencia favorable a los trabajadores.
La Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, está investigando qué grado de responsabilidad tiene el propio presidente y los dos últimos directores en este asunto. En el último Consejo de Administración, celebrado el pasado día 8 del presente mes, se llevó la contratación de los servicios profesionales de un abogado externo para que el asesoramiento jurídico, la representación y defensa del propio organismo, Ibarra, Capella y Pintado. Y es que ni los letrados del ente pueden defender a los implicados por ser parte afectada de la causa y tampoco Abogacía del Estado puede actuar en un asunto que dirime otra entidad pública.
En el punto se indicaba que existían unas "Diligencias Preliminares número B-98/16 incoadas por el Tribunal de Cuentas" y que además había un "procedimiento sancionador incoado por la Oficina de Conflicto de Intereses", que investiga si se produjeron "presuntas irregularidades en el pago de la indemnización por residencia".
Este asunto tiene su germen en el informe realizado por el Interventor Delegado Regional en Las Palmas de la Intervención General del Estado, emitido el 1 de marzo del año pasado. En el mismo se precisaba que un total de 29 altos cargos fuera de convenio (Esteban del Nero, José Fernández, Rosario Saá, Juan González, Elena Marín, Humberto Negrín, Jesús Ramírez, Alejandro García, Francisco Trujillo, Carmen Gloria Rodríguez, Juan González, Araceli López, Isabel González, Antonia Bordón, Vicente Belloch, José Miguel Pintado, Jesús Luis Andonegui, Marta Llorente, Josefa Viera, Miguel Ángel Adam, Antonio Manuel Castellano, Manuel Figueroa, José Ramón González, María Bosch, Juan Francisco Martín, Salvador Capella, Pino Riesco, José Daniel López y Ana Castillo), algunos de ellos ya jubilados, cobraron en 2013 una remuneración por residencia de forma irregular. Asimismo, tras la auditoría realizada en el área de personal se exigía la adopción de medidas correctoras para dejar de incluir este concepto en las nóminas, que los empleados venían cobrando desde 1998 cuando Luis Hernández era presidente de la Autoridad Portuaria.
Esta obligación fue aprobada en el consejo de administración del pasado mes de junio, mientras que los afectados llevaron sus respectivos recursos de reposición a los dos siguientes órganos de control celebrados en julio y agosto, como recogen el orden del día de ambos. Todos ellos fueron denegados, aunque el ente portuario siguió pagándolos al entender los departamento de Asesoría Jurídica y Recursos Humanos que existe una sentencia que da la razón a los empleados.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas abrió un expediente y la Oficina de Conflictos de Intereses inició un procedimiento sancionador por presuntas irregularidades al continuar incluyendo el plus, que tiene un coste de 36.000 euros anuales. En ese momento, la Autoridad Portuaria dejó de pagarlos.
Por su parte, los trabajadores afectados por esta decisión presentaron el 26 de septiembre y el 7 de diciembre del año pasado varios escritos en los que solicitaban la suspensión del acuerdo aprobado en el consejo de administración del 2 de junio, cuando el organismo desestimó la reposición del complemento que habían solicitado. El organismo también los denegó.
En el expediente son investigados el presidente y los dos directores que han estado a su cargo al prescribir los cargos a los cinco años. De esta forma, el antiguo mandatario de la administración portuaria Javier Sánchez Simón, que dejó el ente en 2011, está libre de cualquier responsabilidad.
