Luis Ibarra tendría que abandonar la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas si el Tribunal de Cuentas le señala como responsable de unos presuntos pagos irregulares a 29 cargos del ente. Así lo indicó el propio dirigente, que no fue beneficiario de este pago extra en su propia nómina y se mostró tranquilo porque, entiende, cuenta con tres informes favorables de Puertos del Estado y de los departamentos de Asesoría Jurídica y Recursos Humanos, que informaron de que existe una sentencia que legitima el abono del plus de residencia a los trabajadores fuera de convenio.
El máximo directivo del ente portuario aseguró que si tanto la Oficina de Conflictos de Intereses como el Tribunal de Cuentas resuelven su culpabilidad, será cesado de su puesto además de tener que responder con su patrimonio al pago de aproximadamente 30.000 euros para compensar el coste que ha supuesto para el Puerto este complemento a las nóminas, unos 36.000 euros anuales. Tanto el director actual de la entidad, Salvador Capella, como el anterior, José Miguel Pintado, tendrían que abonar la misma cantidad, en caso de que se demuestre que los pagos eran irregulares, una vez que se siguieran incluyendo, a instancias de los informes de los técnicos de la casa, a pesar de la advertencia del interventor después de realizar una auditoría a las cuentas en 2013.
Será la Oficina de Conflictos, que ha abierto un procedimiento sancionador, la que dirima cuál es su grado de culpabilidad en este asuntos. Ibarra indicó que hay "dos informes técnicos favorables basados en una sentencia; mis informes jurídicos dicen que había que pagarlo". Y recalcó que en todo este asunto "no he cobrado ninguna cantidad". "¿Por qué me toca a mí?", se preguntó, para después agregar que lo único que ha hecho ha sido firmar las nóminas por delegación del Consejo de Administración, que "al final y al cabo es el responsable último". Así, Ibarra ha querido mantener informado en todo momento al órgano de control, a donde se han llevado todos los asuntos relativos a este tema durante las últimas sesiones, a pesar de que, ni desde Puertos del Estado, ni desde Abogacía del Estado se haya instado a que constaran en el orden del día de las reuniones del Consejo.
El presidente declaró que durante los más de cinco años en los que lleva al frente de la Autoridad Portuaria ha puesto de manifiesto algunas acciones irregulares que habían llevado a cabo anteriores dirigentes, como la compra de los productos bancarios swaps o los problemas que se produjeron durante la construcción de la segunda fase del muelle de La Esfinge. "Y ahora, lejos de investigar estos hechos, resulta que parece que lo más importante es este pago, que puede serlo, no digo que no; pero obviamente no creo que el presidente tenga responsabilidad alguna cuando tiene unos informes" que los avalan. Y apostilló: "No se me pasa por la cabeza ni un segundo que aquí pueda haber ni un mínimo indicio de responsabilidad contable, que es cuando realizas un perjuicio intencionado, si tienes informes en contra de la casa". Luis Ibarra afirmó que ve incomprensible que la auditoría del Interventor Delegado Regional en Las Palmas pase directamente al Tribunal de Cuentas sin hacerlo antes al Interventor General, como se realiza con otras corporaciones municipales. "Ahora me quedo en medio de una discusión técnica entre intervención y servicios jurídicos, que en el resto de organismos locales lo ponen en manos del interventor general".
Asimismo, criticó el sistema "anacrónico" que existe en las autoridades portuarias, en relación a la ausencia de informes por parte de interventores en años anteriores. "Ellos avisan ahora de la decisión de un presidente, que está manteniendo un complemento", sin que se haya intervenido anteriormente. "Esto es inentendible", afirmó. Y es que el pago de este adherido a la nómina se viene incluyendo desde 1998, cuando Luis Hernández era presidente del organismo portuario. Sin embargo, las presuntas irregularidades que ahora se investigan prescriben a los cinco años, por lo que sólo afectan a los citados Luis Ibarra, Salvador Capella y Miguel Ángel Pintado. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas decidió en la última sesión, celebrada a principios de este mes, contratar los servicios jurídicos al exabogado del Estado Gabriel Arauz, para defender a la propiedad administración y a los tres expedientados. La decisión de acudir a un letrado externo se debe a que tanto la asesoría jurídica del Puerto como Abogacía del Estado no pueden actuar en este proceso al ser partes implicadas.
Por el contencioso
Por otro lado, los al menos 29 trabajadores fuera de convenio afectados (Esteban del Nero, José Fernández, Rosario Saá, Juan González, Elena Marín, Humberto Negrín, Jesús Ramírez, Alejandro García, Francisco Trujillo, Carmen Gloria Rodríguez, Juan González, Araceli López, Isabel González, Antonia Bordón, Vicente Belloch, José Miguel Pintado, Jesús Luis Andonegui, Marta Llorente, Josefa Viera, Miguel Ángel Adán, Antonio Manuel Castellano, Manuel Figueroa, José Ramón González, María Bosch, Juan Francisco Martín, Salvador Capella, Pino Riesgo, José Daniel López y Ana Castillo), que pierden de esta forma unos 300 euros al mes cada uno con el plus de residencia por insularidad, han acudido a los tribunales, tanto por la vía de lo social como por el contencioso-administrativo, para recuperar la retribución, además de solicitar al órgano de control portuario que suspenda los acuerdos que determina la suspensión del complemento.
