"Me despidieron, me desgraciaron la vida. Yo había construido la empresa, dedicándoles más de ocho horas al día. Mis hermanos eran mis jefes, se tornaron para hacerse con el poder de la empresa y quitárnoslo a los demás. A mí y al pequeño, que también lo echaron". Francisco Javier Manzano Álvarez describió este lunes así, ante el tribunal popular que le juzga, el motivo que le llevó el 13 de mayo de 2015 a asesinar a sus dos hermanos -José Antonio y María Noelia- con una escopeta y con un intervalo de tiempo de apenas una hora entre uno y otro. "Tomé la decisión e iba ciego; se me metió en la cabeza. Cuando conseguí la licencia de armas se precipitó todo", dijo.
Unos hechos delictivos que el acusado, que se entregó voluntariamente el mismo día a la policía de Telde, confesó que lo planeó, ya que no solo transcurrieron dos años desde su expulsión de la empresa de productos de limpieza que gestionaba la familia en el polígono industrial El Cascajo (Telde), sino que además tuvo que sacar el permiso de armas y comprar una para cometer los crímenes.
El acusado, que este lunes volvió a declararse autor de los hechos que se le imputan, durante el primer día de juicio que se celebró en la Ciudad de la Justicia, se enfrenta a dos delitos de asesinato con agravante de parentesco. El quid de la cuestión estriba en si en el momento de disparar a sus hermanos, Francisco Javier Manzano Álvarez era consciente de lo que estaba haciendo o se encontraba bajo un trastorno mental. Eso es lo que tendrán que discernir los miembros del jurado popular a lo largo de esta semana, con las pruebas que presenten los médicos forenses y psiquiatras del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que le han evaluado.
Día de autos
Francisco Javier Manzano Álvarez, que no tiene antecedentes penales y que se encuentra en prisión provisional desde el día del suceso, tiene 51 años, está casado y es padre de un hijo. Este lunes reconoció al juez que antes de que le despidieran nunca estuvo en el médico por asuntos mentales.
La jornada en cuestión salió de su casa después de que el día anterior hubiera alquilado un coche para no ser reconocido y después de que un año antes hubiera comprado una escopeta y una carabina, cartuchos y balas en unos almacenes de la capital. Meses antes, el 3 de diciembre de 2014, había logrado la licencia de armas tipo E para tiro deportivo y escopetas de caza.
El acusado, que cargó una garrafa de cuatro litros de gasoil en el coche para provocar un incendio en la empresa y hacer salir así a su hermano del recinto, acudió primero al domicilio de la hermana, en la calle Acebuche de la capital a la hora que habitualmente ésta salía de su casa por las mañanas. Francisco disparó tres tiros a María Noelia cuando salía del portal, lo que le provocó una "afectación vascular y visceral con shock hemorrágico", según el auto, que no superó, pese a que una ambulancia la llevó al Doctor Negrín y fue operada.
Posteriormente, Francisco fue a la empresa, donde estaba su hermano. Allí vio que éste estaba en su vehículo y que se dirigía a la capital. Lo siguió con cuidado y en la rotonda de la Urbanización Eucaliptus I lo embistió, salió del vehículo y le descerrajó dos tiros. Después un tercero. Tras lo sucedido se entregó a la policía de Telde y confesó los delitos.
Penas
La fiscal Teseida García García, del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, solicita para el acusado la pena de 30 años de prisión por los dos delitos, así como el internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario por entender que el acusado padece "un trastorno delirante continuo de gravedad importante". Según consta en la instrucción, ese trastorno "hace que sus capacidades volitivas e intelectivas, respecto de los hechos estén gravemente alteradas debido al vicio de pensamiento, siendo una persona de alta peligrosidad frente a familiares, pues su delirio sigue intacto". Además de pagar 190.000 euros a cada una de las hijas de los fallecidos.
La acusación particular, que lleva el abogado José Antonio Alemán, no estima en su escrito de conclusiones provisionales "ninguna atenuante ni eximente" salvo las que puedan aparecer en el juicio. Y solicita una condena de 22 años y 6 meses por cada asesinato ante la gravedad de los hechos y alejamiento durante 30 años de la familia por el temor a que pueda volver a hacerles daño. Asimismo, eleva a 300.000 euros la muerte de cada uno de los hermanos.
La defensa, en manos de la abogada de oficio Isabel Saavedra, cree que su defendido debe ser eximido del delito al sufrir un "trastorno delirante". "Es un enfermo y como tal hay que tratarlo. No es un psicópata, sino un enfermo psicótico". Pide entre 8 y 12 años por cada muerte y que la condena se cumpla en un psiquiátrico.
