El comité técnico asesor constituido por el gobierno tripartito para analizar el cambio del marco de relaciones con Emalsa considera que el Ayuntamiento debe exigir explicaciones a la compañía mixta por la pérdida de 37,7 millones de euros que sufrió el municipio entre 2007 y 2011 por las fugas de agua que se produjeron debido al mal estado de la red de abasto y la falta de control de los puntos donde se producen las pérdidas. Los técnicos hacen referencia al informe de fiscalización que emitió el Tribunal de Cuentas el 31 de marzo de 2016, en el que se auditó la prestación del servicio de producción y distribución de agua potable en los municipios canarios, entre ellos Las Palmas de Gran Canaria.
El Tribunal sólo analiza los cinco años señalados, por lo que las pérdidas económicas por las fugas que se han producido desde 2007 hasta la actualidad supera con creces los 37,7 millones detectados por los auditores, que aseguran que el porcentaje de fugas de agua que soporta el municipio es de un 16,67%, lo que significa que cada año se despilfarra una media de 7,4 millones de euros. Según los datos facilitados por la propia empresa mixta al Tribunal de Cuentas, entre 2007 y 2011 se perdieron un total de 23,8 millones de metros cúbicos o, lo que es lo mismo, 23.800 millones de litros. El porcentaje de fugas se obtiene de la diferencia entre el agua producida o adquirida y la que se factura.
"Dada la materialidad del importe" de las pérdidas económicas a causa de las fugas de agua, "deben exigirse explicaciones a Emalsa", sostienen los técnicos, que consideran que el control municipal sobre los servicios que realiza Emalsa "sólo es posible" dotando "a la Unidad Integral del Agua de los medios técnicos y humanos necesarios para llevarlo a cabo". Emalsa enjuga el coste de ese volumen millonario de agua perdida con el dinero que pagan los ciudadanos a través del recibo. Los peritos del Tribunal de Cuentas amonestaron al Ayuntamiento, al que plantearon la necesidad de poner en marcha sistemas de detección de fugas o impulsar las "medidas necesarias" para evitarlas. El mismo informe del Tribunal de Cuentas destaca que, tras la subida de las tarifas de 2010, Las Palmas de Gran Canaria se convirtió en el municipio con el precio más caro del agua. Dicha subida -la última que se ha producido hasta ahora- permitió a Emalsa doblar su beneficio en plena crisis económica. El informe del comité técnico asesor llama la atención también sobre la nula inversión que ha realizado la compañía Emalsa para reponer o modernizar las infraestructuras hidráulicas.
Los técnicos Benito Cabrera y Miguel Padrón advierten de que Emalsa incumple su obligación de reponer el fondo de infraestructuras y bienes que recibió del Ayuntamiento en 1992. Aclaran que el Ayuntamiento sólo tiene la obligación de reponer las desaladoras y las depuradoras, mientras que Emalsa debe hacer lo propio con el "resto de infraestructuras", valoradas en 21,3 millones, compuestas por edificios, embalses, redes de conducción, depósitos reguladores, redes de distribución, pozos y canales, "destacando sobre todo las redes de conducción y distribución". Los expertos advierten de que la memoria de las cuentas anuales de Emalsa de 2015 y ejercicios "inmediatamente anteriores ya no distingue entre los bienes a reponer por el Ayuntamiento y por Emalsa, pero sí deja claro los que debe reponer el Ayuntamiento". "No sólo no informa sobre la obligación que tiene Emalsa de reponer esos bienes" amortizados, "sino que no realiza ningún comentario sobre los principales bienes cedidos que debe reponer", explican.
